La Comisión de Economía del Congreso aprobará el miércoles el proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo que, entre otras cosas, incluye la obligación de las empresas de publicar en su memoria de cuentas anuales el período medio de pago a sus proveedores.
El texto ha recibido 86 enmiendas parciales por parte de los grupos parlamentarios, incluyendo siete del Partido Popular, la mayoría de las cuales son correcciones y precisiones técnicas sin mayor calado normativo.
En concreto, los ‘populares’ plantean un par de cambios que ajustan el proyecto a las consideraciones planteadas por el Consejo General del Poder Judicial en lo relativo al reembolso de las costas o a la revocación o sustitución de un acuerdo una vez se haya interpuesto una demanda de impugnabilidad. Asimismo, se precisa que para no poder ser considerado consejero independiente sólo se tendrán en cuenta las relaciones de negocio “de carácter significativo”, y no todas.
Estos planteamientos y también los que ha presentado la oposición serán debatidos y votados en la comisión parlamentaria del 1 de octubre, ya que la Ponencia decidió no incluir ninguna enmienda en el texto durante su reunión del pasado martes, lo que deja la puerta abierta a cambios pactados.
De hecho, en la fase anterior de la tramitación sólo la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) registró enmienda de totalidad contra el proyecto de ley, y finalmente la retiró antes incluso de su debate por parte del Pleno del Congreso, por lo que esta norma podría cosechar el acuerdo de la Comisión de Economía que, al gozar de competencia legislativa plena, enviará el texto directamente al Senado tras su aprobación.
Mejora de la gobernanza El proyecto de ley de Sociedades de Capital fue aprobado el pasado mes de mayo por el Consejo de Ministros con el objetivo de mejorar la gobernanza de este tipo de entidades. Así, la principal novedad que incorpora el texto es la obligatoriedad de publicar los períodos medios de pago a proveedores para todas las sociedades de capital, incluyendo las anónimas, cotizadas o no cotizadas.
El objetivo de esta medida es atajar los importantes retrasos en el pago a proveedores que se están produciendo en el ámbito privado, como ya se ha hecho con el sector público. Las compañías que excedan de los 60 días estipulados por ley también tendrán que informar sobre las medidas que adoptarán para cumplir con la normativa.
