Tras escuchar la avalancha de críticas a las restricciones impuestas a sus últimas iniciativas anticrisis, José Luis Rodríguez Zapatero abrió la puerta ayer a modificar las condiciones de la ayuda de 420 euros al mes para los desempleados que hayan agotado todas las prestaciones, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado jueves y que solo contempla a los parados que se queden sin subsidios después del 1 de agosto por un período de seis meses, dejando fuera a los trabajadores que perdieron su puesto antes de esa fecha. El jefe del Ejecutivo aseguró que está dispuesto a dialogar con los sindicatos para «hacer lo más eficaz la medida y que abarque al número de personas que lo puedan necesitar», precisó.
El presidente volvió a interrumpir sus vacaciones en Lanzarote para ofrecer una rueda de prensa, en la que, ante las críticas vertidas desde distintos frentes por la falta de cobertura de la aportación, expresó la disponibilidad del Gabinete «para evaluar y, en su caso, hacer alguna modificación de las características de la prestación». «Vamos a reunirnos con los sindicatos para analizar los primeros días desde la entrada en vigor y si los términos del Real Decreto son los adecuados, y, en función de ello, si hay que hacer algún cambio lo haremos», apostilló.
No obstante, el dirigente socialista incidió en que cuando se toma una medida de estas características «surge la duda de dónde se pone el inicio del derecho a la prestación». El Gobierno entendió que éste era el momento de la aprobación, porque «ir hacia atrás indefinidamente» también plantea el problema de cuándo entra en vigor, explicó.
Zapatero destacó el carácter «extraordinario» de la medida y alabó la «sensibilidad social» con las familias y los ciudadanos «más necesitados». «La prestación supone un esfuerzo económico considerable» para las arcas del Estado que va a representar que éste sea el período de mayor protección ante el desempleo, agregó. «Es justo y necesario», apostilló. En cualquier caso, el jefe del Ejecutivo señaló que «aún nadie puede determinar el número de beneficiarios» de la ayuda, a pesar de que la vicepresidenta De la Vega precisó que serían 340.000 las personas que recibirían los 420 euros. «Debemos tener prudencia para hacer una evaluación definitiva del resultado», advirtió el presidente.
Zapatero recordó, asimismo, que la aportación no solo contempla la protección de los desempleados, sino su formación para que los parados que ya no tienen prestación puedan conseguir un trabajo. Para ello, recalcó que es necesaria la colaboración con las comunidades autónomas y anunció que el próximo 26 de agosto habrá una reunión entre el Gabinete central y los Gobiernos regionales.
Por eso, el presidente consideró «injusto y desenfocado» que una iniciativa que tiene «un gran calado social» fuera evaluada «únicamente» por el período de entrada en vigor. «Me parece insólito que aquellos que no han propuesto nada para los desempleados y quieren recortar subsidios y las ayudas públicas pongan el grito en el cielo», aseguró.
Al ser preguntado por las declaraciones del ministro Celestino Corbacho, en las que aseguró que los parados que agotaron su prestación antes del 1 de agosto han tenido más tiempo para conseguir empleo, Zapatero cree que deben entenderse «en el buen sentido».
