El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Junta de Castilla y León oficializaron varios acuerdos para la construcción de viviendas de protección pública destinadas por el Gobierno autonómico al alquiler social en los municipios de Miranda de Ebro (Burgos), Salamanca y Valladolid.
“Estamos suscribiendo una serie de acuerdos muy importantes, porque abordamos uno de los grandes problemas de la sociedad, el acceso a la vivienda. Incrementando el parque de vivienda social fortalecemos el artículo 47 de la Constitución, que habla del derecho a una vivienda digna”, remarcó la titular del departamento, Raquel Sánchez, quien plasmó su firma en estos convenios junto a la del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio del Ejecutivo autonómico, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. Estos acuerdos también fueron rubricados por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el teniente de alcalde de Valladolid, Manuel Saravia.
“En España se ha pecado de mirar hacia otro lado, sobre todo con el problema de vivienda”, remarcó Sánchez, que recordó que esta situación ha dejado “víctimas” en el camino. “Mujeres, jóvenes, migrantes, personas mayores y familias vulnerables han sido las víctimas de esa manera de pensar que entendía la vivienda no como un derecho sino como un bien regulado solo por el mercado”.
Sin embargo, según la ministra, esta problemática está empezando a atajarse gracias a las políticas del Ejecutivo, que “tuvo siempre claro que el acceso a la vivienda no puede ahondar en la pobreza de quienes lo intenten”. De ahí, prosiguió, la apuesta del Gobierno central por la Vivienda Pública, “el gran agujero negro de nuestro mercado de vivienda”. “Cuando llegamos al Gobierno no se llegaba ni al uno por ciento cuando en países de nuestro entorno se alcanza incluso el 15 por ciento”, remarcó. “Esta apuesta trasciende al Gobierno, es una apuesta de país, por eso requiere el entendimiento y el apoyo de otras Administraciones, a nivel autonómico y municipal independientemente de su color político. También el sector privado está llamado a tener un protagonismo especial en este cambio de paradigma”, enfatizó la ministra.
Por su parte, el consejero autonómico celebró la firma de estos “tres importantes convenios que afianzan la política de Vivienda de la Junta”. “Una política destinada principalmente a facilitar el acceso a un derecho reconocido en la Constitución como es la vivienda”, indicó antes de detallar los acuerdos. “Con el primer convenio se van a construir a través de la empresa Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) 188 viviendas, 158 en Valladolid y otras 30 en Miranda de Ebro. La inversión total será de 16,8 millones de euros que serán financiados por la Junta, en un 50 por ciento, y por el Ministerio, en otro 50 por ciento, gracias a los Fondos Europeos Next Generation”, explicó Suárez-Quiñones.
En cuanto al segundo convenio suscrito “permitirá la construcción de 103 viviendas en Salamanca, con una inversión de 11 millones de euros que van a cargo principalmente de fondos del propio Ayuntamiento de la ciudad y de los fondos Next Generation”. Asimismo, se firmó un tercer acuerdo para la rehabilitación de 36 viviendas en Valladolid “con una inversión total de 10,6 millones de euros financiados también por el Consistorio y los Fondos Europeos”. “La política de vivienda de la Junta abarca a las nueve provincias, y en todas tenemos proyectos de construcción o rehabilitación, así como ayudas al alquiler”.
