Como cada 28 de enero, vuelvo a esta tribuna coincidiendo con la celebración a nivel mundial del «Día de la Protección de Datos»: una jornada impulsada y liderada por el Consejo de Europa, con el objetivo de educar a la ciudadanía sobre los desafíos de la protección de datos, así como sobre sus derechos y cómo ejercerlos.
Este año me gustaría empezar mi artículo con la frase “Data is the new oil” (“Los datos son el nuevo petróleo”), pronunciada en 2006 por el matemático británico Clive Humby en la cumbre anual de la Asociación de Anunciantes Nacionales de los Estados Unidos. Nada ilustra mejor que esta frase el valor de los datos (personales y no personales) en la sociedad del siglo XXI.
Tal y como ha reconocido la propia Comisión Europea “los datos son el elemento vital del desarrollo económico”; en este sentido, los datos constituyen la base de muchos nuevos productos y servicios, lo que conduce a un aumento de la productividad y una mayor eficiencia en el uso de los recursos en todos los sectores de la economía. Así, el intercambio de datos por parte de las empresas, los particulares y el sector público es un elemento cada vez más necesario para la innovación, la competitividad y para la propia mejora de los servicios públicos, revirtiendo el beneficio de su explotación en el conjunto de la sociedad.
En Segovia tenemos un ejemplo muy claro con la reciente puesta en marcha del «Observatorio de la Agenda Rural Sostenible de la Provincia de Segovia», un portal temático de datos abiertos que está llamado a ser la primera piedra en la construcción y asentamiento de una cultura de la reutilización de la información del sector público en el seno de nuestra provincia, con los consiguientes beneficios que puede reportar para el crecimiento económico y el desarrollo social de la misma.
No obstante, las instituciones de la Unión son conscientes de que la economía y la sociedad europeas todavía no están aprovechando todo el valor de los datos, motivo por el cual la Comisión ha dado un paso más, presentando, en febrero de 2020, una «Estrategia Europea de Datos» que traza la hoja de ruta en relación con las medidas políticas e inversiones que hagan posible la economía de los datos hasta 2025.
En su consecuencia, el Reglamento de Gobernanza de Datos (Data Governance Act, DGA), aprobado en mayo de 2022, es la primera norma en pro de la creación del marco necesario para una economía ágil en el manejo de los datos en la Unión Europea o, dicho de otra manera, para flexibilizar el intercambio de datos y que estos fluyan con mayor libertad y agilidad, generando un auténtico mercado único de datos.
Ahora bien, esta nueva estrategia tiene un “elefante en la habitación” imposible de ignorar: en Europa debemos conciliar la “economía de los datos” con los valores, los derechos fundamentales y las normas europeos, con nuestra forma de concebir y de construir la sociedad. A este respecto, interesa subrayar el derecho fundamental a la protección de datos personales, expresamente reconocido como tal en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
No en vano, la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró en sus orientaciones políticas para la Comisión 2019-2024 que Europa debe “equilibrar el flujo y el uso de los datos, preservando al mismo tiempo un elevado nivel de privacidad, protección, seguridad y ética”.
En este sentido, no deja de resultar curiosa la referencia que hace el Reglamento de Gobernanza de Datos a un valor en cierto desuso en la cultura occidental moderna como es el “altruismo”. Así, se hace mención explícita al concepto de «cesión altruista de datos», esto es, consentir voluntaria y gratuitamente el uso de nuestros datos personales para apoyar objetivos de interés general (para los legos en Derecho, algo parecido al “bien común”), lo cual se me antoja una previsión quizá demasiado optimista en los tiempos que corren.
Llegados a este punto, la segunda gran iniciativa y pilar clave en la «Estrategia Europea de Datos» es la propuesta de Reglamento sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización o «Ley de Datos», y que se refiere, entre otras medidas, a facilitar el acceso de los usuarios a los datos generados por los productos conectados a la internet de las cosas. Así, por ejemplo, el propietario de un vehículo inteligente tendría derecho a acceder e intercambiar los datos generados por su uso con su compañía de seguros, a fin de poder beneficiarse de cualquier servicio relacionado basado en datos. Los datos agregados de múltiples usuarios también podrían contribuir, por ejemplo, a mejorar la movilidad en las ciudades.
El objetivo, en definitiva, no es otro que situar a la Unión Europea a la vanguardia de la nueva “sociedad de los datos”, así como poder aprovechar el valor de los datos generados por los objetos conectados en Europa, actualmente infrautilizados. El reto es hacerlo de manera acorde con los valores europeos, en un marco que garantice el respeto de nuestros derechos fundamentales. Nadie dijo que fuera fácil, por eso somos esa gran idea que es Europa.
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(*) Jurista experto en Protección de Datos y Privacidad.
