Juan Carlos Domingo Pinillos (*)
Cada pocos años se vienen sucediendo episodios de enfrentamientos entre regiones españolas por el agua, elemento natural de dominio público que regula el Estado español. Actualmente tienen un nuevo enfrentamiento, parte del Levante español, la Región de Murcia y la zona sureste de Andalucía, contra el Gobierno de España y Castilla-La Mancha, por las dotaciones del trasvase Tajo-Segura para abastecimiento y riego de la zona semiárida del sureste español.
Este trasvase realizado en la década de los años 70 del siglo pasado, sigue siendo una de las obras de ingeniería hidráulica más grandes y representativas de España, derivando agua desde el río Tajo a través de los embalses de Entrepeñas y Buendía, en las provincias de Guadalajara y Cuenca respectivamente, hasta el embalse de Talave en Murcia, y finalmente hasta la comarca de Campo de Cartagena en Murcia.
A principios del siglo XX, Indalecio Prieto que era Ministro de Obras Públicas en aquella época, encargó al ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, la realización de un plan nacional del aprovechamiento de las aguas, donde se incluye en el plan, un aprovechamiento conjunto de los recursos hídricos del Centro y Sureste de España. En ese momento, nace la idea del trasvase Tajo-Segura. En la actualidad hay en España, al menos, 15 trasvases en funcionamiento que conectan cuencas de ríos.
La mayoría de los autores especializados en trasvases, coinciden sobre la existencia de tres grandes grupos de impactos que provocan los trasvases: Los ambientales, los económicos y los sociales. Todos ellos se evalúan a la hora de realizar un trasvase, pero a veces, puede que estos impactos no hayan sido suficientemente estudiados en profundidad.
En cualquier país del mundo que haya tenido una evolución importante de desarrollo económico y social, generalmente ha venido de la mano de la realización de grandes infraestructuras hidráulicas con políticas hídricas relevantes. El primer país de referencia es Estados Unidos, donde los estados de California y Arizona están fuertemente arraigados a este tipo de políticas hídricas de trasvases intercuencas. Ya en 1913, construyeron el acueducto de Los Ángeles de 359 Km, y en 1935 construyeron la presa de Hoover, con una capacidad de 35.200 hm3. En España, únicamente el trasvase Tajo-Segura (1979) se aproxima a las dimensiones del acueducto de Los Ángeles, y los embalses más grandes de España rondan los 3.200 hm3. El embalse de Pontón Alto tiene una capacidad de 7,3 hm3.
En España los trasvases de agua, y en definitiva, el reparto de la misma, siempre han sido foco de polémica, pues aunque en España el agua es un dominio público, “de todos”, el cómo se reparte ese dominio público suele ser motivo de enfrentamiento. Hoy en día, sigue existiendo gran parte de la población que sigue pensando que el agua del río que pasa por mi pueblo o ciudad, es propiedad de ese pueblo o ciudad. Nada más lejos de la realidad.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, introduce una serie de regulaciones para este trasvase intercuencas, para otorgar seguridad jurídica al sistema general según comenta la Ley, y actualizar las variaciones hidrológicas observadas en el últimos años, haciendo ya mención al efecto del cambio climático. Objeto de esta nueva regulación, se da preferencia a la cuenca excedentaria, o que cede el agua, sobre la deficitaria o necesitada de agua, y las cantidades de agua a trasvasar cada año dependerán de los volúmenes almacenados en los embalses de Entrepeñas y Buendia a comienzos de cada mes.
Por lo tanto, las cantidades a trasvasar son permanentemente variables en función de varios parámetros de cada año hidrológico, y de las cantidades de agua almacenada. En resumidas cuentas, de la cantidad de agua que llueve cada año y de la capacidad de almacenamiento existente. En la estadística histórica del trasvase, han habido aumentos y disminuciones del caudal trasvasado durante todo el periodo, con una media de unos 300 hm3/año, que viene siendo aproximadamente la mitad del máximo anual de 650 hm3/año.
Pero los científicos, llevamos años y años divulgando las consecuencias del cambio climático existente sobre la modificación y alteración generalmente a la baja, de la cantidad de lluvia caída al año, y la necesidad de tener capacidad de almacenamiento de agua, que son justamente las dos variables que gobiernan casi todas la políticas hidrológicas. En el sureste español lo saben bien, y por ello disponen de una capacidad de almacenamiento razonable, pero su problema es que llueve poco y con esa lluvia no rellenan sus embalses, al ser una zona semiárida.
Como dice la ministra de Medio Ambiente del Gobierno de España, es cierto que con el cambio climático se han reducido y seguirán reduciéndose las precipitaciones de lluvia, pero también es cierto que no llueve con igual regularidad en todas las regiones de España. A todos nos afecta, pero a unos más que a otros.
Un hecho científicamente probado, es que la entrada en funcionamiento del trasvase Tajo-Segura, produjo una alteración hidrológica e hidrogeológica en toda la región de Murcia y sur de Alicante, con un aumento paulatino de los niveles de los acuíferos que estaban con una sobreexplotación severa, estando aún algunos sobreexplotados aunque en menor medida. Estas alteraciones hidrogeológicas han sido parte de la problemática existente con la calidad de las aguas del Mar Menor, y la salinización que han sufrido gran parte de los terrenos del Campo de Cartagena.
Toda acción tiene una reacción, y las aguas superficiales como las del trasvase Tajo-Segura, están íntimamente ligadas con las aguas subterráneas, pues todo ello es parte del denominado ciclo del agua. Si modificas unas, alteras las otras, y viceversa.
Una reflexión objeto de debate y piedra angular de las demandas del sureste español, es la manera de repartir el agua. La poca agua que tengo, la reparto con preferencia de unos sobre otros, o trato a todos por igual. Esa es la pregunta y reflexión a realizar. “Aqua ad omnes”.
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(*) Presidente de Asiama.
