Los agricultores de Levante y algunas provincias andaluzas se han manifestado en Madrid, y han reabierto el debate sobre los trasvases y la gestión del agua.
Su protesta se dirigía contra el recorte del trasvase del Tajo al Segura y consideran que es “conveniente” llevar agua a esa zona no solo por el bien de su agricultura, su turismo y su medioambiente, sino también por el bien del país. “A la Cuenca del Segura no se le puede restar un solo metro cúbico de agua. Hay que sumarle recursos, no restarle, y menos aún por contiendas políticas territoriales”, aseguran las organizaciones convocantes en un manifiesto.
Varios miles de regantes, políticos y representantes socioeconómicos del levante, junto a medio centenar de tractores y camiones, llegaron a las puertas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en Madrid.
En su escrito, han pedido a la ministra de ese departamento, Teresa Ribera, que reconsidere su “decisión sectaria y radical de recortar innecesariamente el trasvase”, después de que su equipo técnico dejara entrever en un borrador de proyecto de real decreto que es posible no elevar caudales actuando en el Alto Tajo e invirtiendo en modernización de regadíos y depuración.
En su lugar, los manifestantes exigen inversiones “en acciones reales para el río Tajo, que mejoren la calidad de las aguas y la vida de los ciudadanos que viven en sus laderas”, sin “dejarse llevar por ideas preconcebidas” que aumenten la brecha del déficit hídrico en la Cuenca del Segura.
Advierten de las consecuencias de poner en riesgo el trabajo de decenas de miles de agricultores del levante, colocando “al borde del colapso a las economías de sus regiones”. Además insisten en que el agua “no es una batalla política entre comunidades autónomas, sino un asunto de Estado y un derecho igualitario para todos los españoles”. “Estamos cansados de tener que mendigar lo que por derecho nos corresponde. Aguas excendentarias, sobrantes de la Cuenca del Tajo, no de ninguna comunidad autónoma, pertenecen al Estado. A esas aguas tenemos tanto derecho como cualquier otro español, máxime cuando llevamos usándolas, pagándolas y amortizando su infraestructura desde hace 43 años”, afirman los convocantes.
En el manifiesto se exige a Ribera que “gobierne con equidad” para todos o que, de lo contrario, cese en su cargo antes de llevar a cabo su plan para el trasvase.
Para el director de Fepex, José María Pozancos, si se recorta la disponibilidad de agua en el arco mediterráneo “el volumen de frutas y hortalizas producidas en España se reducirá y los ciudadanos no podrán acceder a una dieta saludable asequible”.
El presidente de la federación hortofrutícola murciana Proexport, Mariano Zapata, señala que sus asociados han venido a Madrid “a pedir respeto y dignidad para el campo”, tras insistir en que reducir el agua trasvasada supone la amenaza de acabar con más de 15.000 empleos y miles de hectáreas de regadío”. “Y todo ello sin un aval científico, solamente atendiendo a razones políticas”, ha afirmado, además de expresar su deseo de que la ministra Ribera “recapacite y nos permita seguir trabajando para producir las mejores frutas y hortalizas del mundo”.
Entre los manifestantes, un mensaje y un temor compartido, que el Levante se convierta en un desierto.
Catalina Hernández, con un chaleco de los Regantes del Campo de Cartagena, explica que no quiere que Pozo Estrecho “se convierta en un desierto como este verano, cuando por falta de agua no se pudo plantar”, al ser de las primeras zonas con restricciones de suministro.
José María Navarro, agricultor de Albatera (Alicante), portaba una bandera en la que se leía: “Nos estáis ahogando y no con agua” y relata que ahora pagan el recurso hídrico “carísimo”, a unos 60 euros la hora de riego, y que si siguen adelante los planes de Transición su precio será “inasumible, en torno a los 250 euros la hora”.
