La burocracia y la lentitud de la Justicia ecuatoriana mantiene en prisión a medio centenar de españoles condenados en su día por ese país por tráfico de drogas y que ya deberían estar en libertad. La razón es que Ecuador aprobó en agosto una reforma de su Código Penal que regula los años de condena en función de la cantidad de droga incautada. Pese a su entrada en vigor, estos 50 españoles se encuentran a la espera de que revisen sus condenas sin que las autoridades de ese país hayan establecido siquiera a qué juez tienen que acudir.
Actualmente son cerca de 200 los españoles que cumplen condena por este motivo (el 15% son mujeres), la mitad en cárceles de Ecuador y la otra mitad ya han sido trasladados a prisiones españolas. Del grupo que ya tiene su condena cumplida 10 permanecen allí y otros 40 están en España en una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica, según informa a Europa Press la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española. Esta institución lleva meses haciendo gestiones con las autoridades de ambos países para hallar una solución.
No son personas de nivel sociocultural bajo, abundan casos de gente que se quedó en el paro durante la crisis y que se lanzaron a la aventura seducidos por un dinero fácil, entre 4.000 y 5.000 euros por viaje. En este grupo hay incluso varias parejas, matrimonios que pensaron que sería más fácil ganar el doble de dinero haciéndose pasar por turistas. La Fundación de la Abogacía Española ha asesorado a los presos afectados en España para que soliciten a Instituciones Penitenciarias la concesión del tercer grado, lo que les permitiría salir de prisión mientras se revisan sus condenas.
La reforma del Código Penal está funcionando en Ecuador con dificultades. Para conseguir la libertad hay que solicitarla aportando una serie de documentos como la copia de la sentencia o un acta de la destrucción de la droga. “Cuando los abogados logran reunir esa información puede que llegue a celebrarse una vista, pero muchas veces hay obstáculos por el mal funcionamiento de la justicia, errores que hay que solucionar y los procedimientos se alargan”, explican desde la Abogacía.
Sin embargo, desde esta institución alaban una reforma que a su juicio, “debería ser un ejemplo para otros países de la zona porque introduce el principio de proporcionalidad de la pena y una visión moderna y progresista del derecho penal”, por eso le piden a Ecuador que se haga realidad.
La situación es aún más farragosa para quienes ya están en España puesto que la reforma del Código Penal no establece a qué instancia judicial se tienen que dirigir para examinar su condena. «Puedes intentar iniciar el procedimiento para revisar tu condena, buscar a un abogado en Ecuador y que presente la documentación al juez que considere, por ejemplo, el juez que le condenó. Pero ese juez puede decir que no es competente y hay que volver a empezar de cero», lamentan.
Por ello desde la Abogacía piden al Consejo General de Poder Judicial de Ecuador que les indique cuál es la instancia a la que deben acudir. Con ese objetivo enviaron un escrito a mediados de noviembre que recibió respuesta esta misma semana, más de dos meses después. En su contestación, la Justicia ecuatoriana sigue sin resolver la duda fundamental: a qué ventanilla deben presentar la documentación para que se les reconozca la extinción de la pena.
