El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anunció ayer que su Gobierno estudiará «muy seriamente» el establecimiento de un tributo medioambiental a las empresas que operan en la Comunidad, para lo que ha encargado ya tres informes a distintas consejerías sobre la materia. El jefe del Ejecutivo autonómico, quien aseguró que comparte «la sensibilidad» de los tres grupos de la Cámara que han pactado una Proposición No de Ley en la que instan a la Junta a decidir algún tipo de gravamen, considera que éste es un momento «muy oportuno» para tomar esta decisión ya que supondría un incremento de ingresos para la Comunidad. Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico anunció que su Gobierno se ha personado en el Tribunal Supremo en defensa del real decreto que regula las ayudas por la quema de carbón autóctono.
Durante una rueda de prensa junto con su homólogo de La Rioja, Pedro Sanz, el presidente de la Junta destacó que hay «buenas noticias» para la minería de Castilla y León por el «avance» que supone que la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo haya recogido en su dictamen la extensión de las ayudas al carbón hasta 2018 y porque la Junta se ha personado ante el Tribunal Supremo en defensa del real decreto del Gobierno que prima esas ayudas, recurrido por Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa.
El Consejo de Gobierno analizará hoy un informe sobre como se puede materializar desde el punto de vista legal la compensación de las eléctricas por sus actividades productivas o transporte y afección al medio ambiente, texto que ha encargado a las consejerías de Hacienda, Economía y Empleo y Medio Ambiente. No obstante, recalcó que ese canon sólo se implantará en el marco de la legalidad y siempre que no sea contraproducente para la Comunidad, en referencia a que no revierta en la factura de los usuarios.
Herrera volvió a reiterar que las eléctricas no fueron «sensibles», en la forma, al no hablar con la Junta antes de presentar el recurso y rechazó que se tenga que dirigir a Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, por «muy querido que sea».
Respecto de la personación ante el Tribunal Supremo, esgrimió la defensa de las ayudas ante el recurso de las eléctricas y también ante «comunidades del signo que sea», en referencia a Galicia, aliada de estas empresas, aunque no la mencionó por su nombre.
El anuncio fue aplaudido por el resto de formaciones. Así, el PSOE valoró que la Junta se personara en defensa del carbón, si bien aseveró que esta decisión confirmaba que, hasta ahora, no había «hecho nada».
También Izquierda Unida aplaudió la medida a través de su coordinador regional, José María González, al igual que UPL que pidió que el canon se reinvierta en las comarcas mineras.
Consenso para presentar una PNL
Los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Mixto acordaron presentar una Proposición no de Ley conjunta para su debate en el pleno de las Cortes, que se celebrará el 23 y 24 de noviembre, para instar a la Junta a elaborar y remitir al Parlamento autonómico un proyecto de ley específico para la puesta en marcha de un canon que grave a la actividad de las compañías eléctricas, que operen en la Comunidad Autónoma.
Así lo explicó el portavoz de los ‘populares’ en las Cortes que aclaró que finalmente no se presentará una enmienda a la Ley de Acompañamiento de las cuentas de la Comunidad puesto que la fórmula de una ley específica tiene una mayor «aceptación jurídica» ya que se trata de un nuevo tributo no de la modificación de uno ya existente como las deducciones fiscales.
También los tres grupos se han comprometido a estudiar con «cierta atención» la fórmula para que el nuevo impuesto no «recaiga» sobre las familias y las empresas de Castilla y León. Por tanto, el objetivo es que el impuesto no suponga un incremento de los costes de la energía.
