El Gobierno de Castilla-La Mancha sigue centrado en esclarecer, de la mano de la Comunidad de Madrid y de la investigación policial, quién provocó el incendio del vertedero de neumáticos de Seseña, que sigue activo desde el pasado viernes, con el fin de depurar responsabilidades. Al tiempo, desde el Ejecutivo se preguntan “a quién le perjudicaba que hubiera una solución para acabar con este cementerio de ruedas”.
Así se pronunció el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, quien hizo una “cronología rigurosa” de lo ocurrido con el vertedero remontándose a 2001, cuando el Seprona interpuso una denuncia, pasando por los expedientes sancionadores de la Junta entre 2002 y 2005 o la detención del propietario en 2006.
Además, recordó que en diciembre de 2007 la Junta solicitó poder entrar en el vertedero de neumáticos para retirarlos y que esa solicitud fue denegada en 2008 por un juzgado. “Finalmente, en abril de 2011 un auto permitió la entrada e instó al Ayuntamiento a disponer de los bienes abandonados. Antes de este auto haber entrado en el depósito hubiera sido lo mismo que robar a alguien los neumáticos”, advirtió Hernando.
A partir de ahí, “Cospedal se convierte en presidenta en mayo y durante cuatro años no hay nada y desplaza el problema al Ayuntamiento, que hace dos convenios a dedo: uno con una empresa senegalesa cuyos dueños están hoy en día en la cárcel y otro con una empresa prima hermana de la senegalesa, que quería retirar los neumáticos a coste cero”.
Una empresa que en septiembre de 2015 pidió ayuda a las administraciones porque no podía cumplir su palabra. “Nuestra respuesta es clara y legal: es imposible dotarle de recursos porque tiene un contrato firmado con otra administración. Finalmente, convencemos a todas las administraciones para que se pueda rescindir el contrato con esta segunda empresa y se puedan licitar este servicio”, agregó.
El 3 de mayo, el Gobierno recibió una carta del alcalde de Seseña solicitando su ayuda. “No entiendo por qué no se lo pidió también a Cospedal y otras administraciones cuando en los últimos cuatro años en el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta, el Gobierno de España y el comisario de Medio Ambiente de la UE compartían ideología y carné político”, argumentó.
