Las Cortes de Castilla y León aprobaron los primeros presupuestos presentados por la coalición de Gobierno formada por PP-Vox, únicamente con sus votos, que suman mayoría absoluta, y en contra de toda la oposición que se quejó de que ninguna de sus casi 2.000 enmiendas haya podido tener encaje en las cuentas para 2023, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero.
Durante las dos jornadas del pleno, los procuradores de PP y Vox, que dieron réplica a las propuestas de la oposición, argumentaron que se trata de “un buen presupuesto”, con 13.809 millones de euros, un 12,35 más que el último, lo que le convierte “en récord” en recursos en la historia de la Comunidad.
En la votación de las secciones, el procurador de Cs, Francisco Igea, solicitó la votación por llamamiento de la enmienda 166 en la que plantea una ayuda de 2,5 millones, con 1.000 euros al mes, para enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Tras casi 25 minutos de suspensión del pleno, Carlos Pollán informó de que la Presidencia no aceptaba la votación nominal porque ya queda constancia en la votación electrónica.
El presupuesto sale casi como entró en las Cortes, con la excepción de las 34 enmiendas de PP y Vox incorporadas al dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda, que llegó al plenario. Son 34 enmiendas, de las que 20 han sido a la ley de Medidas y 12 numéricas, con 2,5 millones, centradas en su mayoría en mejoras en centros de salud. El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, admitió que este presupuesto se presenta en “un contexto económico de elevada incertidumbre, afectado por un deterioro de las perspectivas de crecimiento”, aunque defendió que se trata de “unas buenas” cuentas para la protección de las familias y el impulso del sector productivo de Castilla y León.
En la última sesión presupuestaria, se aprobaron las cuentas de las consejerías de Industria, Comercio y Turismo, Familia e Igualdad de Oportunidades y Cultura, Turismo y Deportes, con la queja, de nuevo, de la oposición por no recoger ninguna enmienda de la oposición, como ya ocurrió ayer con las siete consejerías restantes.
Fátima Pinacho tildó de “auténtica vergüenza” que los agentes sociales perciban 800 euros por visitar a empresas o duplicar servicios con el Serla.
Así, vio luz verde el presupuesto de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida por Mariano Veganzones (Vox), en un caldeado debate entre Alicia Palomo (PSOE) y Fátima Pinacho (Vox), mientras fuera de las Cortes se produjo la protesta de los sindicatos por el recorte de sus ayudas. Alicia Palomo defendió enmiendas para “la recuperación del diálogo social” y en contra del cierre del Serla, servicio de resolución de conflictos laborales.
En su réplica, Fátima Pinacho (Vox), que calificó de reiterativas e inviables las enmiendas, argumentó que están a favor de los cursos de formación y de las visitas de prevención a empresas, pero tildó de “auténtica vergüenza” que los agentes sociales perciban 800 euros por ello o duplicar servicios con el Serla. “El cargo superfluo es el exceso de altos cargos para un vicepresidente sin competencias”, respondió Palomo.
Sociales y menos impuestos
Los Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año -están prorrogados los de 2021 por el adelanto electoral- ascienden a 13.809 millones, un 12,35 por ciento más que las últimas cuentas aprobadas en las Cortes, de ellos las consejerías contarán con 11.262 millones, con ocho de cada diez euros para sanidad, educación, familia y vivienda. Según la Junta, se trata de unos presupuestos “eminentemente sociales” y enfocados a garantizar la calidad de los servicios públicos esenciales, el compromiso con el mundo rural, la familia, la juventud y la lucha contra la despoblación.
Otro elemento que resalta el Ejecutivo autonómico es la reducción de impuestos a empresas y familias con beneficios fiscales que aumentan en un 60 por ciento respecto a 2021 y que se traduce en un ahorro de 600 millones. De esa manera, se contribuye a reducir el impacto de la subida de precios y a impulsar la economía, en particular en el entorno rural. Los beneficios fiscales llegarán a 478.000 contribuyentes y están dirigidos, en especial, a familias, acceso a la vivienda y fomento del empleo. El importe medio del beneficio fiscal es de 1.254 euros.
Proposición de ley para enmendar el error
Los grupos de PP y Vox salvaron su error en la votación de las enmiendas socialistas a la ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas que acompaña a los presupuestos, a las que dieron un “sí”, con el rechazo posterior al proyecto y el anuncio de su tramitación urgente para que los ciudadanos se puedan beneficiar de los incentivos fiscales, que será ahora a través de una proposición de ley.
El pleno monográfico de presupuestos, que cierra este periodo de sesiones en las Cortes, estuvo suspendido durante más de dos horas, después de que en la votación de las 78 enmiendas socialistas a la ley de medidas se registrara 66 votos a favor (PP, Vox y PSOE), cuatro en contra (Cs y tres miembros del PP) y siete abstenciones (UPL-Soria Ya y Por Ávila). En ese momento, el portavoz popular, Raúl de la Hoz, solicitó una segunda votación al considerar que la lectura agrupada de las enmiendas socialistas y de los votos particulares de este grupo a las enmiendas de PP y Vox por el presidente de las Cortes llevó a confusión.
Ante la situación creada, las opciones eran la retirada del proyecto de ley o su voto en contra, en ambos casos decae y no entrará en vigor el 1 de enero. Se decidió la segunda y la tramitación de las medidas por la vía de urgencia mediante una proposición de ley.
