El acuerdo del Gobierno municipal (PSOE) de legalizar la polémica Casa de la Parra ha desatado un profundo malestar en el concejal de IU, Luis Peñalosa, que considera que la decisión se sustenta en informes técnicos ‘erróneos’, obviando un cúmulo de sentencias que ordenan el derribo del inmueble.
Peñalosa, en declaraciones a EL ADELANTADO, anunció ayer que IU recurrirá el acuerdo —que cuenta con el visto bueno de la Comisión Territorial de Patrimonio— y avisó que, en caso de que no se rectifique, no tendrá más remedio que presentar una denuncia contra la junta de Gobierno local por un presunto delito de prevaricación y un recurso ante el juzgado de lo contencioso. Además IU se querellará contra el jefe de Urbanismo por dar su visto bueno a un informe que a su juicio es “erróneo”.
Como se recordará, la junta de Gobierno local, el pasado jueves, aprobó la legalización del inmueble, de acuerdo con los informes favorables emitidos por los técnicos de Urbanismo y de la Comisión de Patrimonio a la solicitud presentada por la propiedad. No obstante, el acuerdo señala que la propiedad debe cumplir una serie de condiciones, como tramitar las correspondientes licencias ambientales y de apertura para los garajes y el local comercial que alberga el inmueble. El alcalde, Pedro Arahuetes, aseguró entonces que no se trataba de una decisión política, sino legal, señalando que incurriría un delito de prevaricación si se negara a legalizar el inmueble en contra de los informes técnicos.
El concejal de IU recordó que el Ayuntamiento concedió la licencia, en 1993, sin estar aprobado el Plan Especial del Recinto Histórico y obviando las directrices del PGOU de 1984. Peñalosa recalcó que los tribunales anularon tanto aquel Plan Especial como la licencia del inmueble y que desde entonces se han sucedido los pronunciamientos judiciales ordenando el derribo del edificio.
Pese a que se trata de una “herencia envenenada”, según Peñalosa, del que fuera alcalde de Segovia, Ramón Escobar (PP), y su equipo, el actual regidor ha ido “dilatando” , añadió el edil de IU, la ejecución de la sentencia del TSJ hasta encontrar un “subterfugio” que permitiera legalizar el edificio.
El informe municipal responde favorablemente a la petición de la propiedad en los términos de un auto del TSJ, de 2 de noviembre de 2010, donde el tribunal estima que el derribo del inmueble era procedente, en virtud de sentencias judiciales anteriores, aunque sin perjuicio de que sea posible la tramitación de un expediente de reposición de la legalidad urbanística. Sin embargo, para Peñalosa el inmueble construído en su día no puede legalizarse, en tanto que el PGOU de 1984 establece que la parcela es un espacio libre que debe quedar expedito de edificaciones y ser protegido. En su opinión, el edificio debe ser derribado y solo se deberían mantener los garajes —que deberían ser legalizados—; dejando encima de éstos un espacio libre, como estaba originalmente, dado que el solar lo ocupaba una antigua huerta.
“Si dicen que derribar el edificio cuesta dinero, lo siento mucho, pero la legalidad es la legalidad, también se pueden quitar multas y seguro que los afectados estarían contentísimos”, indicó Peñalosa, quién insistió en que la legalización de los garajes es posible, aunque no, en su opinión, el edificio. “Hay que derribarlo, por ética, debe ser una medida ejemplificadora, lo único que estamos es defendiendo la legalidad”, dijo.
En cuanto a que la Comisión Territorial de Patrimonio de la Junta haya dado también su visto bueno a la legalización del inmueble, el concejal de IU fue contundente: “Patrimonio no cumple su función, todo le parece bien, dice que [el edificio] no rompe con la estética y se quedan tan contentos.
Desde 1993
La polémica casa fue construída sobre el solar de una huerta en la calle de la Parra hace 16 años, con una licencia que concedió el Ayuntamiento el 13 de abril de 1993. Sin embargo, la licencia fue declarada nula el 27 de junio de 1996 por el TSJ de Castilla y León, que condenó al Ayuntamiento y a la propiedad a derribar el edificio. Con posterioridad, los tribunales emitieron sentencias en este mismo sentido; ordenando, de forma reiterada, el derribo del inmueble.
Urbanismo emitió un informe que consideraba que el polémico edificio podía ser legalizado si la propiedad cumplía con algunas condiciones previas, como tramitar las correspondientes licencias ambientales y de apertura para los garajes y el local comercial que alberga el inmueble. Asimismo, la Comisión Territorial de Patrimonio emitió el 21 de diciembre un informe favorable a la legalización al entender que el edificio “no altera las características generales, de carácter y ambiente, del conjunto histórico de la ciudad”.
Finalmente, la junta de Gobierno local aprobó la legalización el pasado jueves. Arahuetes destacó que se resolvía un problema después de casi 20 años. “No es una cuestión de gustos, sino de legalidad”, dijo.
