El 61 por ciento de las personas relacionadas con la educación en España —familias, profesores, directores de centros y orientadores— cree que “ningún partido político se preocupa por mejorar el sistema educativo”, según el II Barómetro Nacional sobre Educación elaborado por Magisterio y VS Educación.
La encuesta, realizada a 1.235 personas, indica que en medio de esta desconfianza ciudadana hacia los partidos en el ámbito educativo, el 8,9 por ciento opina que el PP es el que más se preocupa por la enseñanza, por delante del PSOE (7,2%), Podemos(6,8%), Izquierda Unida (5,7%), Ciudadanos (5,4%) y UPyD (1,2%).
Esta percepción presenta diferencias en la educación pública y la privada-concertada. La desconfianza general hacia los partidos políticos en el ámbito educativo se reduce hasta el 46,9 por ciento en la pública y hasta el 24,5 en la enseñanza concertada.
El PSOE es el partido al que los encuestados se atribuye una mayor preocupación por la enseñanza pública (14,3%), seguido de Podemos (12,7%) y de Izquierda Unida (12,1%), PP (5,5%) y Ciudadanos (3,9%). Si se tiene en cuenta sólo la opinión de los docentes, Podemos es el que consideran que más se preocupa por mejorar este modelo educativo (14,6%), por delante de PSOE (13,5%), IU (10,9%), PP (5,6%) y Ciudadanos (4,7%).
Las familias, sin embargo, afirman que es Izquierda Unida (11,3%) el partido con mayor preocupación por la pública, por delante de Podemos (10,8%) y PSOE (9,7%). El PP, por su parte, sube algo su consideración(6,5%) y Ciudadanos la baja (3,2%), en comparación con los docentes.
En cuanto a la preocupación por la enseñanza concertada y privada, la mayoría de los encuestados (70,1%) indican que el PP es el que más se preocupa por este modelo educativo frente al resto de los partidos, que no llegan al uno por ciento.
Según este barómetro, el 44,6% de los encuestados opina que hay que derogar la LOMCE, mientras que el 49,7% opina que no, pero que habría que “modificar algunas cosas”. Esta última opción recibe el respaldo del 42,8% de los encuestados y los que opinan que “la llevarían adelante” tal y como está representan el 6,8%.
La oposición a la nueva ley es mayor entre el profesorado que entre las familias. En los docentes, son mayoría los que opinan que habría que derogarla (48,4%), mientras que los que prefieren mantenerla modificando “algunas cosas” representan el 39,5% y los que la mantendrían tal cual está se reducen al 7,6%.
