Parece razonable la desorientación y perplejidad ciudadana ante la esperpéntica situación de gravedad política e institucional a que se ha llegado actualmente en nuestro país. Y no sólo de descrédito merecido de una clase política desvalorizada y temerosa por la dominación ideológica impuesta, más atenta a impulsos políticamente sectarios que al fortalecimiento de un deseable estado de bienestar colectivo. De ahí aflora un permanente estado de ansiedad y confusión difícilmente asumible. Opacadas la fe y la esperanza en una deseable gobernabilidad del Estado y ante conductas tan alejadas de lo que se entiende como servicio público y democrático .por encima de ambiciones personales de poder, aun a riesgo de hipotecar la fortaleza de nuestro tejido constitucional con la aproximación y compromisos con compañías poco recomendables y desestabilizadoras, la ciudadanía contempla perpleja las situaciones tan impúdicas que está propiciando el Gobierno con decisiones envilecidas que cobrarían en este momento su máxima expresión en el indulto y amnistía, malversación y sedición –con el más absoluto desprecio al marco constitucional- preparadas sin el menor pudor constitucional- para los lideres golpistas catalanes por encima de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Tribunal Supremo o el Constitucional (que como se sabe, han sido tajantes en el rechazo de semejantes medidas) , Comunidades Autónomas, significados líderes políticos (en no menor grado incluso del propio e irreconocible Partido Socialista) y los propios medios de comunicación independientes. Es decir, atropellos al Código Penal hacia el diseño maquiavélico de la prevaricación, la malversación y la sedición de imputados ya condenados por sentencias del Tribunal Supremo determinando ingresos carcelarios , incumplidos sin el menor rubor y prepotencia y nula aplicación de la figura penal del desacato. Y de la propia ciudadanía, perpleja ante semejante atropello al tejido constitucional. Es más, en ese marco de incontinencia sectaria, se dibuja un paso verdaderamente kafkiano (si bien,legal) como supone el hecho de que deba ser el propio Rey Felipe VI quien debería refrendar con su firma (por encima de sus escrúpulos) la aplicación de la atrocidad del indulto y la amnistía a quienes actuaron contra los cimientos orgánicos, contra la permanencia de la Monarquía como forma de Estado, y, en consecuencia, contra la supervivencia de la Corona como piedra angular del Estado de Derecho y base de nuestra Democracia sustentada en un régimen de •Monarquía Parlamentaria”.
Ante ese panorama, recordar que el Rey .según la Constitución- “arbitra y modera el funcionamiento de las Instituciones y que, al mismo tiempo, según dicho Texto al hablar de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales, señala su potestad para en determinados casos disolver las Cámaras si se apreciare y concurrieran (como es evidente) ciertas situaciones de excepcionalidad o riesgo para la integridad del país.
No es menor, tampoco, los insultos e improperios salvajes de los facinerosos hacia el Poder Judicial , la más firme Institución del Estado como garante de la libertad y del régimen constitucional, pero sin que se haya visto tampoco una contundente respuesta de éste a los graves agravios lanzados, ni siquiera a través de los instrumentos de que dispone para hacer cumplir la Ley y el lavado del mancillamiento.
No sería, por tanto, imprudente –digo yo- que el Rey compareciese ante los atribulados españoles y las propias Instituciones ante el clamor del deseo de permanencia de la soberanía nacional y aliviar la zozobra que está generando la atípica y más que devaluada situación política, como lo hizo bien fuertemente en su discurso ejemplar de aquel 3 de octubre del 2017, increpando al Gobierno catalán (que, por cierto se olvida de su población no independentista) de deslealtad inadmisible y contraria a la Democracia; que, aunque referida entonces a la peligrosa situación catalana, no es menos preocupante ahora la que se dibuja hoy en el tablero nacional, provocada además, en cierto modo, desde dentro del Gobierno.
Por eso, será necesario saber qué piensa el Rey de los bastardos compromisos del presidente Pedro Sánchez con los independentistas, de tan difícil cumplimiento constitucional; qué piensa el Rey del constante atropello de nuestros símbolos de unidad y de la mutante educación; qué piensa el Rey del perverso posicionamiento ideológico de ciertos medios de comunicación; qué piensa el Rey del deterioro de nuestras relaciones internacionales; qué piensa el Rey de la escarnecedora ley de la “Memoria democrática” abriendo de nuevo heridas y recuerdos que la mayoría de los españoles (de uno y otro lado) teníamos ya cerrado .después de tantos años con la página de la reconciliación que nos dimos; qué piensa el Rey de los constantes y ácidos ataques a la Corona, incluso desde Instituciones de las que se esperaba mayor lealtad; qué piensa el Rey de la decisión unilateral y secreta de Pedro Sánchez de violentar por su cuenta la Constitución (actitud en la que incidirían, claro, gravísimas reformas estructurales del Régimen) y, sobre todo, que piensa el Rey de los bastardos indultos a los lideres golpistas. Y lo que es más grave: qué piensa del obsesivo empecinamiento para la realización a toda costa del Referendum de la autodeterminación catalana.
Son preguntas de un pueblo confuso, desorientado y tan dividido ante un singular y decisivo momento de Historia de España.
Por eso, digo, sería bueno que hablase el Rey, como Jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia, arbitrando y moderando el funcionamiento regular de las Instituciones, según la Constitución (pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho), que reconoce también a las Fuerzas Armadas su misión para garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
Mas es posible que como reacción a este dislate en que se encuentra España, el Manifiesto del otro dia suscrito por más de 300 personas solventes del mundo académico, judicial, político y cultural (barones socialistas, presidentes de Comunidades Autónomas, ex ministros, exdiputados, catedráticos, embajadores, etc., aunque se echa de menos una mayoría silenciosa y acobardada; denunciando el alocado proceso de deterioro) sea capaz de poner freno a semejante deriva del Gobierno hacia un descalabro irreversible.
