Las ayudas directas para el sector agrario suponen, anualmente, un volumen ligeramente por encima de los 5.000 millones de euros y constituyen un elemento fundamental para el sostenimiento de las rentas. En momentos de crisis, estas subvenciones significan un colchón para cubrir gastos, mientras en períodos de bonanza son una importante mejora en la rentabilidad de la explotación.
Según los datos iniciales manejados por el Ministerio de Agricultura, el sector agrario español dispondrá, entre 2014 y 2020, de los mismos fondos que los que dispuso antaño, 35.700 millones, aunque sufrirán un deterioro medio del 12% por la inflación prevista para esos años. Desde esta perspectiva, la PAC está casi asegurada, aunque puedan surgir palos en las ruedas como la llamada disciplina financiera impuesta para este año que supondrá inicialmente un recorte del 5% para los pagos por encima de los 5.000 euros.
En lo que afecta a la aplicación de la futura reforma, el próximo mes de mayo, Arias Cañete iniciará las conversaciones con el conjunto de las autonomías para articular los mecanismos correspondientes. Aunque el texto final de la reforma no estará aprobado en Bruselas hasta antes de verano, hay una serie de puntos sobre los cuales no existen discrepancias entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo de los ministros de Agricultura, y ya es posible ir preparando los instrumentos para su aplicación.
Está claro que la UE asignará una cantidad a cada Estado miembro, el llamado sobre nacional, para el pago de ayudas directas y que dejará un amplio margen a cada país para su distribución, siempre que ello no afecta a la unidad de los mercados. Un margen de actuación por el que sería posible legalmente modificar la asignación de los importes de las ayudas.
La Administración, a través de sus diferentes responsables, ha dejado claro que uno de los objetivos del departamento es lograr que la aplicación de una reforma que se sustituirá el actual sistema de pagos por derechos históricos por otro de pagos por superficie, no suponga trasvases de fondos entre territorios, llámese mejor comunidades autónomas, entre sectores y también entre explotaciones. El Ministerio es partidario de que la gestión la hagan ellos y no por la asignación de una cantidad a cada una de las regiones. Está por ver el resultado de las negociaciones que se deben celebrar para definir ese modelo de asignación. En todo caso, lo que se defiende es que haya un sistema de coordinación y que no se puedan crear desigualdades entre medidas de apoyo para un determinado sector en función de la comunidad donde se halle.
Primera gran prueba
Esta será la primera gran prueba para la Administración popular, no distribuir los recursos o asignar una cifra a cada autonomía. Pero hay un segundo debate de mayor calado a la hora de aplicar la reforma que, en este caso, se plantea, no desde los gobiernos regionales, sino desde una parte del propio sector.
El actual sistema de pagos en función de los derechos históricos para una serie de sectores basados, en algunos casos, en los niveles de rendimientos, ha supuesto que, frente a una media nacional de pagos de 229 euros por hectárea, haya cultivos que por una serie de razones de sus respectivas Organizaciones Comunes de Mercado, reciban por hectárea más de 1.000 euros, mientras otras como los cereales de bajos rendimientos en secano no pasan de los 100 euros y otros no reciben un euro, como pagos desacoplados. En el caso de las cabañas ganaderas, mientras unas en régimen intensivo cobran ayudas importantes, otras con el mismo sistema de manejo o alimentación, no ven un euro.
Frente a los planteamientos de Agricultura de que no cambie casi nada en la actual distribución de los fondos, de que quienes perciban hoy las subvenciones las sigan recibiendo en el futuro en los mismos niveles, hay otra parte del sector que reclama un cambio para que haya una distribución más justa, rebajando los pagos en la parte que más ingresa, para apoyar a otros que se hallan excluidos. ¿Por qué, por ejemplo, cobra ayuda el olivar, un cultivo leñoso y no la percibe una plantaciones de frutales? ¿Qué ha hecho una parte de las cabañas para cobrar y otra parte estar excluidas de las mismas? ¿Por qué se ha de considerar justo el actual sistema y no se puede modificar el mismo con otros criterios para una distribución más equitativa?
Priorizar los activos
Se trata de un debate difícil desde una perspectiva política. Sobre el papel, los pagos de la PAC se pretenden priorizar para que los mismos vayan principalmente a los activos. Con el cambio del sistema es muy probable que se sigan abonando fondos a persona físicas o jurídicas que en su día fueron activos, que tenían actividad e ingresos y gastos procedentes del sector, pero que hoy no tienen ningún ingreso por la actividad agraria. Depurar esos censos debería ser otro de los objetivos ante la reforma para que los no activos, al margen de las ayudas, dejen de percibir las mismas en beneficio que quienes tienen actividad y no las reciben.
Si de verdad se quiere que los fondos vayan prioritariamente a los activos agrarios, que no son solo, aunque los más importantes, los que cada mañana montan en el tractor o acuden a la explotación ganadera, la aplicación de la reforma tienen mucho trabajo por delante. Y, además, priorizar en las ayudas en desarrollo rural a quienes además de trabajar, viven y mantienen en ese medio rural.
