El golpe de estado ocurrido esta semana en Perú en la que Pedro Castillo tenía la intención de disolver el Congreso y decretar un gobierno de excepción para instaurar el llamado proceso constituyente, es un instrumento que la izquierda está imponiendo a lo largo de toda Hispanoamérica para perpetuarse en el poder.
Su origen y creación es obra de Fidel Castro junto a Hugo Chávez, que en 1999 impuso la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, asumiendo facultades plenipotenciarias por encima de todos los poderes existentes y con el propósito de redactar una nueva Constitución. Esa Asamblea Constituyente, supuestamente beneficiosa para el pueblo, fue el fin de la sociedad civil.
Hoy Nicaragua, Bolivia, Ecuador y Chile lo han incorporado como parte del discurso y práctica política, pero que entraña un retroceso en los derechos y libertades de los ciudadanos de dichos países y otorga poderes prácticamente vitalicios a sus mandatarios.
Lo ocurrido en Perú, y quizá también pronto en Colombia y Argentina podría suceder en España.
Sánchez y sus socios han asaltado todas las instituciones violando la Constitución y los principios más elementales del estado de derecho. En el momento de escribir este artículo, viernes 9 de diciembre de 2022, Pedro Sánchez con el asalto al poder judicial, liquida los últimos vestigios de la separación de poderes en España y por lo tanto amenaza directamente los derechos y las libertades de todos los españoles.
Sánchez pretende nombrar directamente a dos magistrados del Tribunal Constitucional, sin control por el propio Tribunal, de la idoneidad y legalidad de los designados. Asalta el gobierno de los jueces, vulnera el artículo 159.3 de la C.E que obliga a que las renovaciones del Tribunal sean por tercios de sus miembros y de esta manera coloca a dos de sus cómplices, a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y Laura Díaz, alto cargo del Ministerio de la Presidencia, con la exclusiva finalidad de perpetuar la ilegalidad.
Juan Carlos Campo actual pareja de la presidenta del Congreso Meritxell Batet, fue el encargado de aprobar los indultos a los golpistas separatistas del Procés, y quien ante una pregunta de ERC en la sesión de control al Gobierno, manifestó que España se encontraba en medio de una “crisis constituyente” admitiendo que nuestra Constitución debía ser derogada para dar paso a un proceso constituyente, exactamente lo mismo que está ocurriendo en toda Hispanoamérica.
Sánchez lo sabe, y por eso pretende incluir a Juan Carlos Campo en el Constitucional, para revertir el orden del mismo y mediante supuestas acciones democráticas perpetuarse en el poder.
Sánchez ha sobrepasado todas las líneas democráticas habidas y por haber, y desde VOX lo hemos venido denunciando desde el principio de la legislatura, Es más, VOX presentó en octubre de 2020 una moción de censura para echar a Sánchez advirtiendo del peligro de mantenerle en el poder y solo 52 diputados votaron a favor de su reprobación. Hoy, volvemos a promover la presentación de una nueva moción de censura donde debe prevalecer el sentido de Estado, y buscar entre las fuerzas constitucionales un candidato neutral, con experiencia de gobierno que no milite en partido político alguno y que se comprometa a convocar elecciones inmediatas.
Sea cual sea el resultado, todos los diputados deberán retratarse y manifestar de qué lado están, si del lado de los que quieren revertir el orden constitucional, o del lado de los abogan por la unidad de España y orden constitucional.
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Diputado Nacional de VOX por Segovia.
