Los agentes que llevaron la investigación por el rapto y muerte de la bebé de 16 meses de Palma de Condado, en Huelva, en diciembre de 2012, que se está enjuiciando en la Audiencia Provincial de Almería, aseguraron ayer ante el jurado popular que tenían “indicios objetivos” de que Raúl R.F., el amigo a quien señala el único acusado por el crimen, Jonathan Moya, “era conocedor de los hechos antes de producirse” y que conocía el rapto la pequeña “a raíz de los mensajes de Whatsapp” que intercambiaron.
En concreto, el jefe de la investigación llegó a afirmar que sus sospechas “partieron de la base de que reconoció que conocía todos los planes” y de que “borró todos los datos de su teléfono móvil”, mientras que otro agente declaró que “si Raúl se hubiera portado como se tenía que haber portado, hoy no estaríamos en este juicio porque sabía perfectamente que tenía a la niña aunque no sabía probablemente para qué”.
Los tres guardias civiles coincidieron en señalar la “trascendencia y significancia” de que Moya González, tras ser detenido, conociese que su amigo había sido llamado a declarar el día 24 de diciembre y, además, que dijese que le había dicho que uno de los agentes “era un hijo de puta”.
“En la declaración de Raúl, estuvimos dos personas; uno le hizo ver la cruda realidad de que había una niña muy pequeña que no podía valerse por si misma con una persona que no sabía cuidarla y yo, más cercano, intenté que colaborara. Era algo imposible de saber”, aseguró el responsable de la investigación policial, lo que fue apostillado posteriormente por otro compañero que, a preguntas también de la defensa, consideró que el que tuviese esa información “revela que tuvieron contacto bien directa o bien indirectamente”.
Los agentes reconocieron, no obstante, que las pesquisas en torno a Raúl R.F., quien estuvo imputado por un presunto encubrimiento aunque la causa contra él fue sobreseída finalmente, se les quedaron “paradas” ya que, según explicaron, no pudieron situar al implicado en “ningún sitio”.
La Audiencia Provincial acoge hoy la que será ya la cuarta sesión de la vista oral que se sigue contra Jonathan Moya, quien se enfrenta a una petición fiscal de 26 años de cárcel como presunto autor de delitos de asesinato con alevosía y detención ilegal. La acusación particular la eleva a 29 años de prisión. La jornada estará dedicada a la práctica de la prueba pericial, con declaraciones de guardias civiles, forenses y peritos del Instituto Nacional de Toxicología.
La Fiscalía considera que el procesado presuntamente golpeó a la menor días después de secuestrarla con “gran fuerza y en repetidas ocasiones” con un objeto contundente en la cabeza para “hacerla callar porque lloraba” y que provocó su posterior muerte por asfixia.
