La formación UPyD ha pedido al Juzgado número 2 de Segovia que todos los miembros del Consejo de Administración que había en 2010 en Caja Segovia declaren en calidad de imputados para aclarar las gestiones realizadas y porque consideran que existen indicios delictivos en la modificación de los planes de prejubilaciones y retribuciones durante los ejercicios 2008 a 2010.
Según UPyD se modificó el plan de prejubilaciones y pólizas de seguros y “pervirtieron en beneficio de terceros, los directivos de la Caja, el plan de prejubilaciones y los restantes beneficios sociales derivados del ejercicio de sus cargos”.
En rueda de prensa, Luciana Miguel y el abogado Andrés Herzog calificaron de “grosera actuación” la de los gestores de Caja Segovia , que “a toda costa quisieron blindar las prejubilaciones a pesar de la mala situación económica de la entidad y de que carecían manifiestamente de fundamento a raíz de la integración en Bankia”.
Según insistió Luciana Miguel, como miembros del Consejo de Administración, conocían las cantidades millonarias fijadas, “unos 45 millones de euros que se han repartido entre unas 15 personas, en unos cinco años”. Además, apuntaron que no se hubieran aprobado sin su consentimiento y que no hicieron nada por impedirlo.
Por este motivo, UPyD ha presentado ante el Juzgado un documento de alegaciones que esperan sea contestado en breve.
