El Consejo de Cuentas de Castilla y León, institución autonómica encargada de fiscalizar la gestión del sector público de la Comunidad, considera que el Ayuntamiento de Segovia debe aprobar un plan estratégico de subvenciones.
En uno de sus últimos informes referidos a los ayuntamientos de la Comunidad, el Consejo estima que los servicios gestores de subvenciones “deben iniciar procedimientos para regularizar los expedientes en los que se han detectado incumplimientos”.
Ésta es una de las 14 recomendaciones que el Consejo de Cuentas ha trasladado al Consistorio de la capital, tras una labor de fiscalización realizada en diversas áreas municipales referida al año 2020.
También pide que mejore la eficacia de las actuaciones de apremio y embargo en el cobro de las deudas en vía ejecutiva. Otra recomendación se refiere a la Empresa de Turismo, sobre la que echa en falta un control por parte del servicio de Recaudación y la Tesorería. E insta al Ayuntamiento a implantar un sistema de contabilidad analítica para normalizar la información sobre el coste de los servicios públicos.
En lo que respecta a las subvenciones municipales, el Consejo de Cuentas recuerda al Ayuntamiento que no tiene implantado un sistema de control financiero de estas ayudas públicas “incumpliendo el título III de la Ley General de Subvenciones”. El Ayuntamiento alegó que a juicio del interventor, no es necesaria la implantación de un sistema específico de control financiero de subvenciones. Pero el Consejo concluye que en materia de subvenciones, no se está cumpliendo con la obligación de disponer de un plan estratégico.
Reconoce que en el año 2021 se encontraba en tramitación la aprobación de una ordenanza general de subvenciones. Pero, según han señalado algunos grupos de la oposición, continúa sin aprobarse.
En el último año fiscalizado por el Consejo de Cuentas, el Ayuntamiento de Segovia ha reconocido obligaciones por un importe de 8,4 millones con cargo a los capítulos de transferencias, lo que supone un 13,2% del total de las obligaciones reconocidas netas. En torno al 50% de las subvenciones se destinan a empresas privadas y a familias e instituciones sin fines de lucro, todas del capítulo de subvenciones corrientes. Las subvenciones de capital se dirigen solo a entes locales.
En el año 2020 el Ayuntamiento de Segovia tramitó 12 líneas de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (que debiera ser el procedimiento ordinario), frente a 34 por concesión directa. Por otra parte, “se han producido algunos incumplimientos en las distintas fases del procedimiento de concesión”, dice el Consejo. “El Ayuntamiento no tiene implantado un sistema de control financiero de subvenciones en el ejercicio objeto de fiscalización. Salvo en el caso de la Concejalía de Desarrollo Económico, Empleo e Innovación, tampoco fijó en 2020 indicadores que permitan valorar el nivel de consecución de los objetivos perseguidos”.
CUMPLIMIENTO GENERAL
De acuerdo con el Consejo, con esta fiscalización realizada en el Ayuntamiento pretende elaborar un análisis de diversas áreas de la actividad económico-financiera del Consistorio y de sus entes dependientes. Para ello ha realizado una auditoría combinada, de cumplimiento de legalidad en su mayor parte, y operativa en cuanto a su gestión recaudatoria. El periodo analizado es el ejercicio 2020, sin perjuicio de otras comprobaciones, relacionadas sobre todo con 2021.
En las conclusiones del informe, el Consejo de Cuentas resume que el Ayuntamiento de Segovia, en el contexto de la pandemia COVID19 y de suspensión de las reglas fiscales, cumplió con los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto en la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020. En concreto, el Ayuntamiento cerró el ejercicio con un superávit de 5,2 millones de euros.
EMPRESA DE TURISMO
Por otro lado, el Consejo también ha llevado a cabo una auditoría en la Empresa Municipal de Turismo. Sobre este organismo, la institución que preside Mario Amilivia advierte de que esta sociedad pública “se encuentra en situación de necesidad de financiación y pérdidas acumuladas en los últimos ejercicios, con los fondos propios en negativo”.
Según los informes trimestrales a los que ha tenido acceso el Consejo de Cuentas, en Turismo de Segovia “el periodo medio del pendiente de pago supera el plazo legal. Sin embargo, no consta la elaboración de los informes sobre las facturas o documentos justificativos para los que al final del trimestre, han transcurrido más de tres meses, incumpliendo lo prevenido por el artículo 10 de la Ley 25/2013, de impulso de la factura electrónica, ni se ha emitido el informe anual al que se refiere el artículo 12 de esta misma ley, por el que se evalúa el cumplimiento de la normativa sobre morosidad, ni tampoco se ha emitido el informe de auditoría de sistemas. (Apartado VI.2.1.1.)”.
En este aspecto, el Consejo afirma que el Ayuntamiento de Segovia debería “revisar la forma de sociedad mercantil por medio de la cual se está gestionando y desarrollando la competencia de promoción turística municipal”.
COSTE DE LOS SERVICIOS
Entre los reproches que hace al Consistorio de la ciudad se encuentra el hecho de que la contabilidad del Ayuntamiento “no permite determinar de forma directa y automatizada el coste y rendimiento de los servicios públicos, lo que resta fiabilidad a la información existente”. A pesar de ser preceptivo, el Ayuntamiento no elabora la memoria justificativa del coste y rendimiento que debe acompañar a la cuenta general, ni los indicadores de gestión de la memoria de las cuentas. “Deben revisarse algunas ordenanzas o disposiciones reguladoras de tasas y precios públicos para adecuarlas a la específica naturaleza del ingreso”, termina diciendo el informe del Consejo de Cuentas.
En el análisis del año citado, los costes efectivos ascendieron a 47,6 millones de euros para el Ayuntamiento, a 1,2 millones para el Instituto Municipal de Deportes (IMD), a 318.912 para la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Segovia (Evisego), a 1,2 millones de euros para Turismo de Segovia y a 412.225 euros para la Fundación Don Juan de Borbón.
El servicio que presenta un mayor coste económico para la capital corresponde a la Policía Local, cuyo importe supone el 12% del total, seguido del programa de evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social (10,3%).
En este mismo aspecto, el Consejo indica que el Ayuntamiento presta directamente el servicio de gestión tributaria y recaudatoria, sin organismo diferenciado, contando con 38 funcionarios. La recaudación total bruta de ingresos en fase voluntaria en 2020 asciende a 35,6 millones de euros, de los que 35,5 millones corresponden al Ayuntamiento y 113.644 euros al IMD. La recaudación total de ingresos en ejecutiva del Ayuntamiento en el ejercicio 2020 ascendió a 1,8 millones de euros. Las deudas totales pendientes a 31 de diciembre, por impuestos, ascienden a 4,2 millones y por tasas y otros ingresos, a 1,3 millones.
BAJO SEGUIMIENTO
Reconoce el Consejo que el Ayuntamiento de Segovia lleva a cabo actuaciones de apremio y embargo, “si bien las mismas resultan insuficientes a la vista de las cifras de créditos declarados incobrables”.
Con carácter general, en relación con los principales tributos, los porcentajes de recaudación en vía ejecutiva son muy bajos, al no alcanzar el 40% de las deudas en ningún impuesto y rebasándolo tan solo ligeramente en algunas de las principales tasas, lo que redunda en unos porcentajes elevados de deudas acumuladas de ejercicios anteriores en esta vía. Ello permite concluir que hay margen para mejorar la eficacia de las actuaciones de apremio y embargo. “Se debería mejorar la eficacia de las actuaciones de apremio y embargo para llevar a cabo el cobro de deudas en vía ejecutiva”, afirma una de las conclusiones que elabora el Consejo de Cuentas de Castilla y León.
“Es un verdadero caos”. Los portavoces del PP y Cs coinciden en señalar la necesidad de mejorar la gestión del Consistorio y de cumplir con la legislación vigente
El informe del Consejo de Cuentas ha dado pie a los portavoces de los grupos de la oposición a criticar la gestión municipal. Desde el Partido Popular, su portavoz, Pablo Pérez, resume que la gestión es un “verdadero caos”, y recuerda lo que ha supuesto en algunas materias como las subvenciones por parte de la Concejalía de Cultura, que obligó a dimitir a su anterior responsable, Gina Aguiar.
“Hay cosas preocupantes como el incumplimiento de la Ley de Subvenciones”, afirma. Recuerda que ya lo advirtieron desde el PP cuando se llevó al Juzgado el denominado ‘caso Trípode’. “Dijimos que lo de Aguiar era la punta de un iceberg en materia de amiguismo y clientelismo”. “Ahora el Consejo de Cuentas dice lo mismo: urge a que se haga un plan estratégico de subvenciones, como marca la ley, porque se está incumpliendo”.
A Pablo Pérez le llama la atención el hecho de que la Concejalía que más subvenciones ha gestionado es la de Cultura, con más del 30 por ciento. “La propia concejala tuvo que dimitir por el sistema de adjudicación directa que se estaba aplicando”. “Son más de ocho millones de euros en transferencias corrientes, y es una cuantía muy importante del presupuesto”. “Se conceden de forma directa, sin concurrencia competitiva, y por eso tuvimos que denunciarlo en el Juzgado, y lo seguiremos haciendo”, advirtió; porque “crea redes clientelares.
También cita Pablo Pérez otro aspecto como la ausencia de estudios para conocer el coste efectivo de los servicios. “Hemos reclamado que se haga con el suministro de agua. Los segovianos no tenemos constancia de que lo que pagamos sea acorde con el coste del servicio, y somos de los que más cara nos cuesta el agua, si no a los que más de toda España”.
Por último, recuerda que el equipo de Gobierno “no ejecuta las inversiones”, “como pone de manifiesto el tema de los remanentes”. “Ingresa por encima de la media y luego no se invierte lo recaudado”.
Por su parte, desde el grupo Ciudadanos se ha pedido información sobre la situación de la Ordenanza General de Subvenciones que debía haberse terminado en el segundo trimestre del presente ejercicio. La portavoz de la formación naranja, Noemí Otero, ha criticado “el incumplimiento del Plan Anual de 2022 y de, al menos, los cuatro documentos que le preceden porque esta iniciativa ya se incluyó en los planes anuales normativos de 2018, 2019, 2020 y 2021”. Y ha incidido también en que el Consejo de Cuentas “insta al Consistorio a culminar la tramitación de esta ordenanza”. Además, se refiere al informe del Consejo de Cuentas, que señala la necesidad de “aprobar un plan estratégico de subvenciones por el que se concreten los objetivos, plazos y financiación prevista, buscando lograr un incremento de los niveles de eficacia y eficiencia en la gestión del gasto público subvencional”. Y que la concurrencia competitiva “sea el procedimiento para todas ellas”.
