El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, representando a su vez a los responsables de Galicia, Asturias y Cantabria, se reunió en la mañana de ayer en el Parlamento Europeo con el portugués Álvaro Amaro, presidente del Intergrupo de biodiversidad y mundo rural del Parlamento Europeo; también con los portavoces del Partido Popular Europeo, el italiano Herbert Dorfmann, y de los Socialistas Europeos, la española Clara Aguilera, en la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento, y finalmente, en la mañana, también se ha reunido con la española Dolors Monserrat, jefa de la delegación española del Partido Popular Europeo. El consejero ha estado acompañado por el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de la consejería, José Ángel Arranz.
Por la tarde, Suárez-Quiñones participó en una jornada en el Parlamento Europeo en la que, junto con la conselleira de Galicia, Ángeles Vázquez y los consejeros Alejandro Jesús Calvo, de Asturias, y Guillermo Blanco de Cantabria -estos tres últimos por videoconferencia-, ha expuesto la problemática suscitada en España y las Comunidades Autónomas, con la catalogación del lobo como en extinción, sustrayendo a las Autonomías su gestión, en contra de la pervivencia de la ganadería y del medio rural.
En la sesión de la tarde, el consejero, al igual que en la reuniones de la mañana, buscó el apoyo de la Eurocámara para que pueda gestionarse por las Autonomías el lobo en sus territorios, en el marco de la Directiva Europea Hábitats, como antes de septiembre de 2021, tras el cambio de régimen -con la inclusión del lobo en el LESPRE-, que no obedece a intereses generales y que ha ido más allá del ya exigente régimen de protección europeo, y camina en sentido contrario a lo que países con población de lobo pretenden en Europa que es una flexibilización de la normativa europea.
Juan Carlos Suárez-Quiñones insistió en que éste no es un debate de conservar el lobo o la ganadería extensiva, sino ambas, y sobre todo a las personas en el medio rural, siendo urgentemente necesario restablecer el equilibrio entre el lobo y la ganadería con la sensata y técnica gestión de la especie por las Comunidades Autónomas, que habían logrado reducir el conflicto manteniendo un estado de conservación favorable del lobo, equilibrio dinamitado por la medida del Gobierno de España.
El consejero denunció ante las instancias del Parlamento con las que contactó, que el Gobierno de España ha remitido a Europa una información errónea sobre la evolución de la población y su asentamiento territorial durante el sexenio 2013-2018 que concluía con un diagnóstico de estar la especie en regresión, cuando la realidad es justo la contraria: la evolución del lobo es favorable. El consejero expuso el cambio de estatus del lobo acometido por el Gobierno de España, en contra de las Comunidades Autónomas que tienen el 95% de la población del lobo (Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia), dictando una Orden Ministerial que entró en vigor en diciembre de 2021.
