En el estado actual de la economía española con una inflación del 8,9%, al mismo tiempo que la cesta de la compra se ha incrementado en un 14,4% según los datos del INE y referidos al mes de septiembre, la tasa más alta desde el año 1992, resulta evidente la necesidad de contar con un sistema alimentario y sostenible que asegure una producción aceptable de alimentos para cubrir las necesidades de la población.
Unos productos alimenticios que deberían ser asequibles para las clases sociales más desfavorecidas. Recordemos que casi la mitad de los españoles (44,9%) vive muy cerca del límite de sus posibilidades y uno de cada cinco (21%) está en graves dificultades para llegar a fin de mes, de hecho ha aumentado en más de 300.000 las personas en situación de pobreza, según el Informe sobre el Estado de la pobreza en España (2015-2022), recientemente presentado.
En ese sentido, debemos señalar que una parte de la humanidad pasa hambre mientras al mismo tiempo perdemos el 14% de la producción de alimentos y desperdiciamos otro 17%, según datos de la ONU 2020-2021. Factores, como el cambio climático, la COVID-19, la invasión de Ucrania, sin lugar a dudas han determinado un crecimiento enorme del precio de los alimentos en todo el mundo, un 15% en Castilla y León (en Segovia el índice general está en el 9,7%), lo que crea un enorme problema para los pensionistas y para la población desfavorecida económicamente en nuestro país. Por ello, debería mantenerse el tipo impositivo del IVA del 4% (para los cereales, la leche, los huevos y el pan), al mismo tiempo que debe reducirse dicho tipo del 10% al 4% de forma transitoria para la carne y el pescado, así como de otros alimentos básicos.
La población española no es consciente de la seguridad alimentaria que disfruta, los agricultores y ganaderos españoles realizan un gran esfuerzo en la producción continua de alimentos a un precio razonable, como se ha acreditado durante la pandemia. Sin embargo, tampoco los consumidores aprecian la subida actual del coste de las semillas, fertilizantes, productos fitosanitarios, maquinaria agrícola, etc., que presionan para generar un incremento del precio de los alimentos. Mientras que las grandes cadenas de alimentación fuerzan a la baja la adquisición de sus productos poniendo en peligro la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas y ganaderas. La Administración también debería garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, de modo que los agricultores y ganaderos consigan unos precios justos para sus productos, el control del nivel de los precios de los combustibles, fertilizantes y productos fitosanitarios, y la participación justa de aquellos en el valor añadido generado en la producción de alimentos en lugar de los intermediarios.
Recordar además que 828 millones de personas en el mundo padecen hambre en 2021 (se ha incrementado entre 83 y 132 millones), 2.300 millones sufren inseguridad alimentaria moderada o grave (11,7%) y casi 3.100 millones no pueden permitirse una dieta saludable (39%), según el informe titulado: el “Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2022” de la ONU.
La seguridad alimentaria a nivel mundial deberá proceder de la reducción de los cereales dedicados a la producción de biocombustibles y piensos. Una producción de alimentos que deberá permitir una alimentación segura, una mejor nutrición y unas dietas asequibles y saludables para toda la población. Un modelo de producción resilente, capaz de resistir las consecuencias de las crisis futuras y el actual cambio climático.
