La Junta aprobó un techo de gasto no financiero para 2023 de 12.470 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,57 por ciento, respecto al 2021, el último presupuesto aprobado, prorrogado este ejercicio, es decir, casi 1.490 millones más, hasta el dato más alto de la historia.
Así lo destacó hoy el portavoz y consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien explicó que la cifra crece por el importante aumento de los fondos europeos vinculados al programa Nueva Generación y a la subida de la recaudación tributaria en los impuestos cedidos por la inflación.
Carlos Fernández Carriedo también aclaró que el techo de gasto podría ser mayor pero sufre una merma por la rebaja en las transferencias del Estado por la eliminación de los fondos COVID, así como por el impacto de una reducción “drástica” del objetivo de déficit público.
La estimación de 12.470 millones deriva de un escenario macroeconómico con un importante descenso de la previsión de crecimiento del PIB; 1,6 por ciento, frente a una previsión de cierre del ejercicio del 3,3 por ciento (rebaja la previsión inicial del 4,9 por ciento). “Existe un claro deterioro del ritmo de crecimiento y en las expectativas de crecimiento”, lamentó, pero constató que la previsión de subida del PIB en términos reales es “prudente” sobre todo respecto al 2,1 por ciento del Gobierno de España y permitirá recuperar el dato prepandemia.
Carriedo indicó que se seguirá creciendo, lo que permitirá reducir la tasas de paro hasta una media del 10,1 por ciento, frente al 10,3 por ciento de este año. En términos de empleo, se crecerá un 2,3 por ciento, frente al 2,7 por ciento de este año.
El portavoz también puso de relieve que el déficit público se reducirá hasta el 0,3 por ciento, desde el 0,8 por ciento de este año, lo que supondrá un “esfuerzo muy importante”, que sitúa a la Comunidad de nuevo “en la senda hacia la estabilidad presupuestaria” que deberán recorrer ya “seguramente en 2024”, después de que la UE dejase sin vigencia las normas de estabilidad por la COVID. En este contexto, criticó que del objetivo de déficit del 3,9 por ciento para el conjunto del Estado, de cada 12 euros de España, sólo uno corresponderá a las autonomías, cuando son las que prestan los servicios públicos esenciales.
Carlos Fernández Carriedo desglosó los ingresos del techo de gasto y constató que los no financieros alcanzarán los 12.267 millones, un 18,7 por ciento más que en 2021. En concreto, los fondos del sistema de financiación se elevarán un 20,3 por ciento, con 8.136,2 millones; los de la UE se dispararán un 62,3 por ciento, hasta los 1.985,94; y los otros ingresos avanzarán un 21,5 por ciento, 1.197,.12 millones, por la mejora en la recaudación de los tributos cedidos por el IPC. Por el contrario, las transferencias del Estado caerán un 30,7 por ciento, con 947,73 millones por la eliminación de los fondos COVID.
Carriedo se detuvo en los fondos de la UE y aseguró que Castilla y León “gastará los que lleguen” pero insistió en que les hubiese gustado un reparto “menos ideológico y de más eficacia para que llegasen a las personas”. “Se ha antepuesto la ideología por encima de la tecnología y las personas. Hay muchísimas restricciones ideológicas del Ejecutivo”.
Carriedo concretó que a estas cuantías habría que sumar los 205,1 millones de las tres décimas del objetivo de déficit, y aplicar los ajustes de contabilidad nacional de menos 2,3 millones, lo que da como resultado los 12.470 millones. Una cuantía que hubiese supuesto un aumento del 7,3 por ciento en relación al techo malogrado por la prórroga que se preveía en un principio para 2022 de 11.621 millones.
refuerzo para la gestión sanitaria de cita previa
El Consejo de Gobierno autorizó hoy la contratación de un servicio tecnológico de atención telefónica para la gestión de la cita previa en Sacyl. El importe supera los 3,76 millones de euros, hasta 2025, con posibilidad de prórroga de dos años.
El servicio de cita previa multicanal de Sacyl permite a los pacientes consultar, pedir o anular sus citas para consultas con el médico de Familia, pediatra, enfermera, matrona o fisioterapeuta de los centros de salud y consultorios locales, a través de SMS, internet, respuesta automática telefónica o teleoperadores.
Una de las áreas de mejora del sistema sanitario público es la accesibilidad a los centros y servicios asistenciales. En los últimos años, el incremento progresivo de la demanda ha generado un importante volumen de actividad, en relación no solo con la cita previa telefónica, sino también con la solicitud de información y demanda de trámites administrativos. Por ello, la necesidad que se pretende satisfacer con este contrato es seguir proporcionando a los pacientes el servicio de plataforma tecnológica de atención telefónica para la gestión de sus citas médicas.
El uso de las comunicaciones de voz para la gestión de citas debe apoyarse en las tecnologías de la información y la comunicación para obtener una mayor eficiencia, tratando, siempre que sea posible, de automatizar la gestión requerida en horario continuo (24 horas), con el fin de gestionar el mayor volumen posible de llamadas en paralelo, y evitando así al ciudadano esperas ante saturaciones de llamadas atendidas por recursos limitados como son los agentes telefónicos.
