El PP está absolutamente de acuerdo y por tanto a favor, de que las empresas eléctricas que en estos momentos tengan beneficios excepcionales, reviertan parte de los mismos a los ciudadanos. Pero hemos votado en contra del impuesto del PSOE y de Sánchez, primero, porque es un nuevo impuesto disfrazado de gravámen; segundo, porque su propuesta de impuesto es sobre la facturación de las empresas (intervencionismo populista), no sobre los beneficios obtenidos, lo cual está abocado a ser recurrido ante la justicia por las empresas y muy previsiblemente- según muchos juristas- se tendría que devolver el dinero recaudado por parte del Gobierno; tercero, porque tendremos que esperar a que el Parlamento europeo, que también mantiene esta mismo postura del PP, determine la forma jurídica y regularlo y después ajustar la española, frente a lo que pretende este Gobierno, que sería una temeridad; y cuarto porque la propuesta del PSOE y de Sánchez no era abaratar el precio de la factura de los contribuyentes, es decir que sea una tasa finalista en favor de cada unos de los ciudadanos, sino recaudar más el Estado, sin saber el destino de lo recaudado ni para quién.
El PP defiende que el beneficiario directo sea siempre el ciudadano y no el Gobierno, que ya lleva recaudado también por el encarecimiento de la energía y por la inflación y por tanto son “también beneficios caídos del cielo” iguales que los de las empresas energéticas, más de 22.000 millones de euros.
Creemos, pensamos y hemos pedimos al Gobierno y a Sánchez, que igualmente que queremos aplicar una tasa sobre los beneficios extraordinarios por la inflación y subida de costes energéticos a las empresas, que el Estado haga lo mismo y que también devuelva el beneficio extraordinario recibido. Es el primero que debe dar ejemplo de solidaridad con todos los españoles.
Por tanto, estamos a favor de una tasa que abarate la tarifa de las empresas eléctricas a los consumidores y también, a favor de que el gobierno de Sánchez devuelva los más de 22.000 millones recaudados extraordinariamente, a la clase trabajadora y a los más necesitados. Exigir a los demás ser solidarios, pero no aplicárselo a uno mismo, tiene mucho de falsedad y fariseísmo. Al más puro estilo de este Gobierno y de Sánchez.
¿Y qué pasa con la sentencia de los ERE. A qué espera el PSOE y el Presidente Sánchez para pedir perdón a todos los españoles por la condena en el mayor caso de corrupción de la historia democrática de España, con 680 millones de euros malversados y que todos los responsables del PSOE de Andalucía “conocían, podían y debían haber evitado” como dice la Sentencia? Es indecente, que antes incluso de conocer la sentencia el Gobierno y el PSOE ya estuvieran hablando y desde hoy mucho más, de indultar a los culpables de delitos tan graves, lo que produce bochorno y náuseas a todos los ciudadanos de España. Pero después de indultar a los golpistas separatistas, casi a Txapote y Parot, qué podemos esperar?
——
(*) Diputado nacional del PP por Segovia.
