El aplazamiento de la puesta en vigor de las nuevas tasas judiciales, prevista para ayer, ante la falta de formularios para rellenar los impresos, sirvió para que los opositores al incremento de los costes en los tribunales expusieran sus críticas y el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se defendiera de las acusaciones.
La normativa, que contempla subidas de entre 50 y 750 euros en algunos procesos, servirá, en palabras del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, para agilizar la Justicia «en alguna medida». Eso sí, advirtió de que «el único problema es que, si a cambio de ello, interrumpe o torpedea al principio de tutela».
Al ser preguntado sobre si el encarecimiento va a impedir el acceso a los tribunales a algunos ciudadanos, dejó claro que, si eso ocurriera, «me preocuparía», desestimando valorar la nueva ley.
Más rotundo fue el responsable del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, quien calificó de «chapuza legal» la norma aprobada por el Gobierno y consideró que ha sido tramitada «con precipitación y poca reflexión», por lo que insistió en que sea el Supremo el que decida sobre ella.
A su juicio, las tasas se van a convertir en «una verdadera barrera» para que todos los españoles puedan acceder a un derecho fundamental y constituyen únicamente una forma de «alejar» a la gente de los juzgados, así como son una «medida recaudatoria».
Asimismo, todas las asociaciones de jueces y fiscales convocaron concentraciones para hoy ante el Ministerio de Justicia y ante las sedes de las capitales de provincia para protestar contra esta iniciativa.
Por su parte, el PSOE exigió al Ejecutivo que derogue la norma, que suspenda su aplicación mediante un decreto ley o que, al menos, no la aplique a las personas físicas. Así lo señaló la portavoz socialista en el congreso, Soraya Rodríguez, quien consideró que ésta es «la peor» norma y la «más injusta» de todas las que ha aprobado el PP en su primer año en el poder.
Mientras tanto, Izquierda Unida se dirigió a la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra las tasas, ya que, a su juicio, suponen «una nueva expropiación a las clases medias». De este modo, el diputado de IU Gaspar Llamazares sentenció que el «nombre más adecuado» para esta normativa sería el de «ley de atraco judicial».
Becerril tiene de plazo hasta el próximo 21 de febrero para decidir si recurre o no ante el Tribunal Constitucional la legislación.
También fue crítico el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que señaló que hay «determinadas tasas» judiciales que deberían «ser reconsideradas en su volumen, importe y cuantía». No obstante, transmitió su «respaldo» a Gallardón, al que calificó de «muy buen ministro».
Ante las acusaciones vertidas, el propio titular de Justicia mostró su respeto hacia quienes «quieren mantener el antiguo régimen» de tasas judiciales, pero afirmó que el Gobierno «no está dispuesto a seguir esa actitud conservadora» porque «el sistema de la Justicia en España no puede continuar como está». Es más, agregó que esta ley es «el primer paso» de un «cambio absoluto» en el ámbito judicial.
Además, sostuvo que el Ejecutivo garantizará el acceso gratuito a los tribunales a quienes carezcan de recursos económicos para litigar y, al mismo tiempo, facilitará que los jueces «resuelvan aquellos conflictos que de verdad deben ser resueltos y no queden paralizados en las salas», al tiempo que recordó que «el Gobierno trabaja para el interés de los españoles».
En este sentido, el PP defendió la subida, que se aplicará a la gente «con más recursos» y persigue «evitar abusos».
En un argumentario dirigido a sus cargos, la formación subraya que en la reforma de la Justicia quedarán exentos de pago quienes cobren menos de 15.975 euros.
Tal vez pudieron las prisas.- El Partido Popular reconoció ayer que, «a lo mejor», tramitó con demasiada urgencia el proyecto de ley de tasas judiciales, publicado el pasado miércoles en el BOE y cuya aplicación tuvo que suspenderse por falta de formularios adecuados, pero, en todo caso, defendió su conveniencia y criticó el «inmovilismo» que, a su juicio, muestran los «gremios» de la Justicia, en alusión a los magistrados, abogados y otros colectivos que han reprobado la reforma.
Así lo declaró el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, quien admitió que tal vez el proceso ha ido «demasiado rápido» en la Cámara Baja, pero, no obstante, recordó que en la normativa se habla de unos papeles que, mientras no estén disponibles para rellenarse, no permite aplicar la ley.
Además, remarcó que la reforma es necesaria porque hay que tomar medidas cuando un servicio como el de los tribunales presenta una situación «insostenible» al borde del «colapso» por un exceso de recursos planteados. «La Justicia lenta no es Justicia y lo que se pretende es poner freno al abuso con el único procedimiento de dilatar procedimientos», sostuvo.
