Las Cuentas de Castilla y León para 2014 pasaron hoy el primer examen como la única alternativa para el PP, para quien servirán para la recuperación económica y mantendrán la calidad de los servicios públicos, y con la denuncia de la oposición (PSOE, IU y UPL) de que no será así por los recortes aplicados y por haber renunciado a obtener más recursos con un modelo fiscal más justo y progresivo, en el que pague más quien más tiene.
La mayoría del PP rechazó, con 52 en contra y 32 a favor, las enmiendas a la totalidad a los proyectos de ley de Presupuestos y Medidas en las que la oposición reclamó la retirada de los mismos, por entender que sólo van a generar “más sufrimiento, más paro, más recortes y una deuda más desbocada”, en palabras del socialista, Óscar López, que como José María González (IU), criticó el elevado endeudamiento y planteó su modelo fiscal.
No fue la única alternativa del socialista, que propuso la reforma del Estatuto de Autonomía para blindar un mínimo de gasto social en la Comunidad que no pueda ser recortado por ningún gobierno sea del color que sea. López propuso que el gasto social sea el 12 por ciento del PIB, no menos de 6.800 millones. “El mayor blindaje del Estatuto es el gasto social, se reformó para eso frente a hechos identitarios”, respondió el popular Carlos Fernández Carriedo. El 80 por ciento de las Cuentas va a sanidad, educación, familia y empleo, rebatió.
El Grupo Popular rechazó las enmiendas de la oposición, tildadas antes de “raquíticas” por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, por entender que no presentan ninguna alternativa a los presupuestos y que se centran en la recuperación económica y la creación de empleo, así como en la consolidación de la calidad de los servicios públicos. Ante la critica de “recortes, recortes y más recortes” de López, Fernández Carriedo contrapuso los 1.150 millones más que gestionan las tres consejerías sociales pese a que el gasto de los departamentos ha vuelto a cifras de 2005.
Los presupuestos, que ascienden a 9.957 millones de euros, de los que las consejerías gestionarán 7.313 millones, y la ley de medidas siguen ahora su tramitación en ponencia y comisión para volver al pleno los días 17 y 18 de diciembre, en que serán aprobados.
