El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que las oficinas administrativas dependientes de esta institución cumplen ya con las medidas de ahorro energético incluidas en el decreto del Gobierno central, entre otras tener el termostato a 27 grados, mientras que sigue sin despejarse la duda de si recurrirán o no esa norma ante el Tribunal Constitucional.
Preguntado al respecto en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, Carriedo insistió en que la Junta va a cumplir con el decreto ley “en su integridad”, aunque en el caso de las temperaturas remarcó que los colegios, los centros sanitarios y de servicios sociales, aprovecharán el margen existente en la norma para mantener el confort térmico y seguir con las temperaturas existentes antes de esta norma.
Sobre el estudio del recurso en el que trabajan los Servicios Jurídicos de la Junta, Carriedo reconoció que después de un mes desde ese anuncio, aún no hay una decisión tomada al respecto, pero mantienen las críticas al documento por tratarse de un texto “impuesto” a los sectores y a las propias administraciones autonómicas.
En el caso de las ayudas autonómicas al transporte, Carriedo respondió que será a partir del 1 de septiembre cuando la Junta aplique el 30 por ciento de descuento adicional para el caso del transporte interurbano y metropolitano, mientras que el rural ya es gratuito con el Bono Transporte.
No concretó cuándo aplicará la Junta el descuento para los usuarios de la Alta Velocidad ferroviaria, ya que ha remitido a un convenio que espera firmar con Renfe para ampliar las líneas consideradas como servicio público esencial y también para que el descuento sea aplicado de forma permanente y no sólo durante cuatro meses como plantea el Gobierno, al que además solicita que complemente la subvención.
