Después de las confrontaciones entre sindicatos y Gobierno para llevar a cabo la reforma laboral, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, anunció ayer que los representantes de los trabajadores y la patronal negocian de forma «bilateral», sin la presencia del Ejecutivo, y «muy intensamente» un acuerdo sobre esta medida para conseguir cerrarlo este mes.
Tras la revelación, la pasada semana, de las medidas de ajuste para frenar el déficit, entre las que destacaba un recorte salarial a los empleados del sector público que desató las iras de los sindicatos y la convocatoria de una huelga de empleados de las administraciones, tanto CCOO como UGT mostraron sus dudas a la hora de llegar a un pacto con Moncloa. Pese a esto, Méndez puntualizó que siempre es «más eficaz» un «acuerdo» y señaló que los sindicatos tienen «toda su voluntad» para seguir negociando «hasta el último momento».
Eso sí, agregó que el convenio debe ser equilibrado, que proteja a los trabajadores, mejore la posibilidad de encontrar empleo a los jóvenes y evite que se siga destruyendo empleo, aunque criticó que las medidas de ajuste del Gobierno «no ayuden» en este proceso.
Empresarios y sindicatos negocian la reforma del mercado de trabajo sobre la base del documento que aprobó el Ejecutivo el pasado 5 de febrero y amplió el 12 de abril, que contiene cinco ejes y ocho medidas sobre los cambios a introducir en el mercado de trabajo.
El líder de UGT también instó al PSOE a que cualquier modificación del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi), que incluye el pago de los 426 euros a nuevos parados, sea analizada en la Mesa del Diálogo Social.
En este sentido, confió en que Zapatero no elimine dicha prestación y recordó el compromiso adquirido por mantener las políticas de protección al desempleo, y que -en su opinión- «debe seguir siendo efectivo». «Ni lo sé, ni me huelo» si Moncloa va a eliminar la prestación dirigida a desempleados que hayan perdido la prestación o el subsidio de paro, aseveró.
Méndez, además, criticó que el Gobierno «envíe mensajes» a la sociedad sobre este tipo de medidas a través de los medios de comunicación, ya que es «negativo, inconveniente y demuestra muy poca sensibilidad».
Desde el bando contrario, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, señaló en el Congreso de los Diputados que «en ocho o nueve días» se sabrá «definitivamente» si hay acuerdo entre el Ejecutivo y los agentes sociales sobre la reforma laboral y, aunque expresó su voluntad de «trabajar hasta el último minuto», dejó claro que si finalmente éste no se produce «cada parte tomará las decisiones que tenga que tomar».
Previamente, durante la sesión de control al Gobierno, el ministro había negado, ante una pregunta del Partido Popular, que el Ejecutivo trabaje en la mesa del diálogo social «subcontratando» a los sindicatos y «en contra» de la CEOE, ya que dialoga «conjuntamente» con los agentes con el objetivo de alcanzar un acuerdo «lo antes posible».
El socialista insistió en que la negociación se está llevando a cabo y que desde el Gabinete no se han planteado «romper la mesa del diálogo», aunque remarcó que Zapatero ya ha dejado claro que el Gobierno asumirá su responsabilidad y legislará si los interlocutores no llegan a un acuerdo
Ante esta «amenaza» por parte del titular de Trabajo, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, reaccionó de forma rotunda, pidiendo al Gabinete socialista que «no interfiera» en la negociación de la reforma laboral entre sindicatos y organizaciones empresariales, ya que «a lo mejor hasta arruina la posibilidad» de alcanzar un pacto.
Toxo señaló que las advertencias del Ejecutivo de aprobar unilateralmente la reforma laboral si no hay consenso «desincentivan objetivamente la negociación»
«Ya que no tiene ideas, por lo menos que no interfiera. Creo que es posible un acuerdo laboral pero a lo mejor el Gobierno hasta arruina esa posibilidad», aseveró el máximo representante de CCOO.
En cualquier caso, avisó de que no «habrá reforma laboral que genere empleo si no se incrementa la actividad económica. Esto es misión de las administraciones públicas a través de la inversión pública y de la iniciativa privada».
Toxo reiteró su descontento con las últimas decisiones del Ejecutivo, con las que, en su opinión, «estamos desgraciadamente más cerca de una huelga general en España». Así, insistió en que el Gobierno «acaba de cambiar el campo de juego con el paquete de medidas que pretende aprobar», que en su opinión «exige una reconsideración, menos improvisación y más acuerdo con el conjunto de la sociedad».
