Un total de 2.036 trabajadores, de ellos 637 «pasivos» por no estar ya en el mercado laboral y el resto aún en activo, son los que habrían estado expuestos en Castilla y León a los efectos cancerígenos derivados del uso del amianto, tal y como aparece recogido en el registro o censo epidemiológico puesto en marcha por la Junta. Así lo desveló ayer el viceconsejero de Empleo en funciones, Ignacio Ariznavarreta, quien, minutos antes de inaugurar en Valladolid la jornada ‘El amianto: un problema social’ organizada por el Departamento de Salud Laboral de la UGT en la Comunidad, anunció igualmente que, además de la necesaria actualización del referido registro, la Junta, siguiendo las directrices del Plan de Seguridad y Salud Laboral 2011, tiene previsto constituir un grupo específico de trabajo con el fin de crear otro registro cuyo fin es el de establecer un censo de aquellos edificios de Castilla y León construidos con este material insalubre.
De hecho, durante esta jornada, el secretario regional de UGT, Agustín Prieto, defendió la importancia y la necesidad de crear un registro en Castilla y León para poder hacer un seguimiento de los trabajadores que han estado expuestos al amianto. Según denunció, el principal problema es que en muchos casos no se declaran como enfermedades laborales y se ocultan bajo algún tipo de cáncer como el de pulmón. Por eso, subrayó la importancia de que se haga un seguimiento de estas personas para que se pueda considerar enfermedad laboral, para lo que consideró fundamental la creación de un registró. También apuntó la necesidad de formar a los facultativos de la Seguridad Social para que detecten los casos en los que estas dolencias puedan tener su origen en la exposición de trabajadores al amianto, al que calificó como un «viejo conocido» que ha tenido unos «efectos lesivos sobre los trabajadores».
De esta forma, indicó que son enfermedades que pueden tardar en manifestarse entre 15 y 20 años por lo que todavía se conocerán nuevos casos, al tiempo que recordó que aunque en España se ha prohibido su uso, están presente en muchos edificios por lo que «pone en riesgo no solo a los trabajadores expuestos, sino a todos los ciudadanos que están en esos edificios». Por eso, abogó por un plan profundo.
Mientras, la secretaria confederal de Salud Laboral de UGT insistió en que el principal problema es que hay «una subdeclaración y un infrarregistro» de la enfermedad laboral. Como ejemplo citó que en 2010 solo se declararan en España 109 enfermedades profesionales por amianto, frente a un total de 15.000. Asimismo, denunció la falta de un protocolo de actuación para los médicos de la Seguridad Social para que puedan saber cuando una enfermedad puede ser profesional por exposición a este mineral.
