Segovia tuvo el característico autobús turístico de dos pisos desde julio de 2005 a octubre de 2016. Las constantes averías del único vehículo que prestaba el servicio llevaron a los responsables municipales y a la entonces empresa concesionaria a acordar la supresión del mismo, teniendo en cuenta, además, que en 2016 finalizó el periodo de vigencia del contrato y la prórroga no contempló el transporte para rutas turísticas por la ciudad, entre otras razones porque requería la costosa inversión en un nuevo autobús.
La idea del gobierno municipal, entonces con Clara Luquero como alcaldesa y Claudia de Santos de concejala de Turismo, fue separar el contrato del servicio del transporte público urbano con autobuses de la prestación de rutas turísticas en autobús.
De esta manera, en 2019 entró en servicio el nuevo transporte de los urbanos cuando ni siquiera se había iniciado el procedimiento para contratar el del autobús turístico.
En el anterior mandato corporativo fue el Grupo Municipal de Centrados —en la actualidad sin representación en la corporación— el que más insistió en aligerar la adjudicación de este servicio turístico que en su mejor año, 2008, llegó a sumar más de 26.000 viajeros (y cerca de 3.000 en el mes de julio) pero que paulatinamente fue perdiendo usuarios y en 2015, el último completo, alcanzó en torno a 13.000. Además, llegó a obtener el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED), un programa impulsado desde la Secretaría de Estado de Turismo junto a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para homogeneizar la calidad de empresas y servicios turísticos.
Claudia de Santos sí reveló en 2018 que las reuniones preparatorias para planificar la oferta de recorridos turísticos por la ciudad en autobús indicaban que lo más adecuado era tender a una mayor diversificación, en virtud de la evolución de la demanda y de las empresas y tipología de vehículos existentes en el mercado en ese momento.
De hecho, la edil del grupo socialista, que presentó su renuncia en el verano de 2020, cuando ya no estaba al frente de Turismo, llegó a hablar de la posibilidad de que Segovia contase con un servicio de triciclos motorizados, los conocidos como tuk-tuk, transporte típico de ciudades asiáticas que se ha extendido por Europa pero en la modalidad de rutas turísticas.
Entre otras capitales, disponen de este servicio París, Roma, Lisboa o Ámsterdam y en España, Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga fueron pioneras pero también ha llegado a ciudades más pequeñas como Ávila, que al igual que Segovia es Patrimonio de la Humanidad.
Precisamente, De Santos, puntualizaba que las características del centro histórico de la ciudad invitaban a un tipo de transporte con vehículos de menor tamaño —lo que incluiría también un microbús como el que presta el servicio actualmente entre el recinto amurallado y San Lorenzo— y al mismo tiempo una estética más atractiva.
Modelo
El actual concejal de Turismo, Miguel Merino, reconoce que la oferta de un servicio de estas característica, un autobús turístico, está pendiente desde que se formalizó el contrato de los urbanos pero apunta de que si no se ha llevado a cabo ha sido sobre todo por la inseguridad jurídica existente sobre la fórmula administrativa para ponerlo en marcha.
“Hay un cierto follón en diferentes ciudades con este tipo de servicios”, indica, al tiempo que señala que desde los servicios técnicos municipales, y no solo del Ayuntamiento de Segovia, “algunos piensan que bastaría con una autorización pero otros consideran que se trata de una concesión y requiere de un procedimiento de licitación”.
Merino añade que en este momento “estamos a la espera de que se resuelva un procedimiento judicial en una ciudad gallega —Santiago de Compostela— para que la sentencia genere jurisprudencia y se aclare así la situación sobre el procedimiento a utilizar”.
“No podemos iniciar un modelo y luego recular porque no es adecuado desde un punto de vista jurídico”, concluye.
Sobre la ‘judicialización’ en torno a los servicios prestados por empresas de transporte turístico en ciudades, el más sonado en los últimos años ha sido el de Madrid, por la existencia de dos operadoras distintas, una con autobuses rojos y la otra con los de carrocería amarilla.
En 2017 el Ayuntamiento de Madrid ordenó el cese del servicio de una de ellas, que lo ofrecía desde 2013, porque no tenía autorización y suplantaba el oficial de la otra operadora, concesión adjudicada por el consistorio madrileño y en funcionamiento desde 1999, que implica el pago de un canon al municipio que en 2019 superó los cuatro millones de euros.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló en 2018 la tesis de la corporación madrileña pero la empresa denunciada siguió operando a pesar de acumular sanciones y requerimientos.
Otra sentencia de un Juzgado de lo Contencioso instó meses después a ejecutar la sentencia y paralizar ese servicio no autorizado.
