La segunda parte del origen del problema de precios tiene su antecedente en las mal llamadas “privatizaciones”, que más bien constituyeron el desmantelamiento de las empresas rentables del Estado. Indudablemente España padece un problema secular, el déficit público, la imposibilidad del sistema tributario de sufragar las cargas del Estado. Pues bien, a mi juicio, las privatizaciones fueron la quinta desamortización, la privación a la ciudadanía del patrimonio público en beneficio de unos pocos.
La primera desamortización tuvo lugar durante los últimos años del reinado de Carlos IV, entre 1798 y 1808, las guerras con Francia e Inglaterra determinaron que se procediera a la venta de las Casas de Misericordia, y de Expósitos, Cofradías y Obras Pías, una desamortización a costa de los más pobres.
La segunda desamortización se produjo durante el Trienio Constitucional (1820-1823) y afectó a los bienes del clero regular, aunque no pudo llevarse a cabo por el fin del Trienio. La financiación de la Guerra carlista y la necesidad de buscar apoyo a favor de Isabel II, determinaron que en 1837 comenzara la tercera desamortización, la correspondiente al clero secular, la disolución de las Órdenes religiosas, consecuencia de que la Ley de 29 de julio de 1837 declaró su patrimonio bienes nacionales sujetos a enajenación por sextas partes en los siguientes seis años a partir de 1840. Una desamortización que terminó en un fracaso respecto a la resolución de la liquidación de la deuda pública al mismo tiempo que se marginó a los campesinos respecto de la creación de una familia de propietarios agrícolas. La tercera, culminó con la desamortización de la propiedad municipal, los bienes propios y comunales, a través de la Ley de 1 de mayo de 1855, en perjuicio de los pueblos y campesinos que vieron enajenada su única riqueza de la que vivían.
La cuarta desamortización el siglo XIX tuvo por objeto el suelo. Las leyes mineras de 21 de abril de 1849 y de 11 de junio de 1859 consideraron el subsuelo como un bien de dominio público, al mismo que se concedieron multitud de concesiones y que quedaron en manos extranjeras afectando a la producción de plomo, cobre, mercurio y hierro.
La penúltima y quinta desamortización comenzaría en 1985, justificada por las necesidades de la Hacienda Pública, el consabido y elevado déficit público. Una desamortización que tendría por objeto la venta de las empresas públicas y que culminaría con la venta total de las empresas más importantes entre los años 1996 y 1999. Una desamortización que afectó a grandes sociedades como ENDESA, TELEFÓNICA, ARGENTARIA, TABACALERA y REPSOL, que se camufló bajo la apariencia de un capitalismo popular y las ofertas públicas de venta.
A partir de 1985 se inició la venta de algunas empresas del Instituto Nacional de Industria como SEAT y ENASA. En materia energética, antes de 1996 comenzó la privatización de ENDESA (operaciones de venta en los años 1988 y 1994), REPSOL (1989, 1992, 1993, 1995 y 1996), junto a Telefónica y Argentaria, con un importe total de las ventas de 1,7 billones de pesetas. El 4 de junio de 1996 se aprobó el programa de privatizaciones del nuevo Gobierno y que proporcionaron 4,1 billones de pesetas, procedentes de la venta de GAS NATURAL (1996), REPSOL (1997), ENDESA (1997 y 1998). Las entidades beneficiarias fueron la Caixa de Barcelona que controla el mercado del gas, GAS NATURAL y ENAGAS, del petróleo con REPSOL, junto con el Banco Bilbao-Vizcaya que adquirió ARGENTARIA (formada por Banco Exterior de España, Banco de Crédito Industrial, Banco Hipotecario de España, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Agrícola y Caja Postal).
En el año 2001, ENDESA generó 4.400 millones de euros de beneficios, Gas Natural lanzó una OPA, pero al final fue vendida por 40.000 millones de euros a Enel, una empresa pública italiana. En conclusión, el negocio del gas en España lo detenta GAS NATURAL y ENAGAS, el del petróleo REPSOL y el de la electricidad compartido por el oligopolio formado por ENDESA, IBERDROLA y NATURGY. Por tanto, un nuevo impuesto sobre las eléctricas va avocado al fracaso, dado que esa medida no determinará una reducción del precio de la electricidad, ni del gas o de los combustibles. Por el contrario, existirá la tentación de repercutir el nuevo gravamen vía precios a los consumidores.
En definitiva, el Estado carece de poder para la intervención en el sector de la producción de energía eléctrica, limitándose a intentar modificar su precio mediante medidas arbitrarias que no tendrán un resultado apreciable.
