El Gobierno tailandés avisó ayer al frente de los llamados camisas rojas de que tiene de plazo hasta hoy para disolver a sus manifestantes, a pesar de haber renunciado al plan de imponer el toque de queda en la zona central de Bangkok tras la violencia que ha causado al menos 30 muertos, en cuatro días.
A escasas horas de que entrase en vigor la medida anunciada poco antes por el primer ministro, Abhisit Vejjajiva, y el Ejército, un jefe militar comunicó que el centro de mando de operaciones para la seguridad había considerado innecesario imponer el toque de queda. «No es necesario por ahora emplear esta medida, porque tememos que puede tener un impacto adverso», declaró el secretario del jefe del Estado Mayor, el general Aksara Kerdhpol.
La indecisión en el seno Gobierno surgió un día después de que la televisión estatal difundiera imágenes de todos los altos mandos reunidos, para dar una deliberada señal de unidad en una institución proclive a las divisiones.
La reacción pública de los cabecillas de los camisas rojas, que la jornada antes pidieron un alto el fuego, fue reiterar su disposición a retomar la negociación con el Ejecutivo bajo la condición de que retirara las tropas que cercan la zona de unos tres kilómetros en la que se atrincheran desde hace cinco semanas.
«No ponemos ninguna otra condición. No más pérdidas de vidas humanas», anunció a los manifestantes Natthawut Sakua, uno de los 24 líderes del frente. Este dirigente rebelde sugirió que en el caso de que el primer ministro acceda a retomar el diálogo, en éste tendrá que participar Naciones Unidas en calidad de mediador.
Pero, en respuesta la oferta de los camisas rojas, el Gobierno insistió en que las tropas continuarán en las calles de la capital para restablecer el orden e intensificar el cerco al campamento del grupo antigubernamental. «Si de verdad quieren hablar, no deben imponer condiciones», aseveró Korbsak Sabhavasu, secretario general de la jefatura de Gobierno.
Antes, el frente rebelde comunicó a los manifestantes que tenían libertad para abandonar o continuar en el asentamiento, de unos tres kilómetros cuadrados y en el que las provisiones escasean desde que las tropas empezaron a limitan la entrada de víveres.
Saikua precisó que el frente había dado ordenes a los servicios de seguridad de la base roja de permitir la salida por cualquiera de los accesos, y recomendó a las familias con hijos que se cobijen en los monasterios y templos budistas de los alrededores.
Según el Gobierno, tras las barricadas y empalizadas levantadas por los manifestantes para protegerse de una eventual carga de las fuerzas de seguridad hay unas 6.000 personas, una cifra que los cabecillas del frente elevan por encima de 10.000.
Los disturbios han causado también unos 215 heridos desde que el Ejército emprendió el pasado jueves una amplia operación para cercar a los miles de camisas rojas que se atrincheran desde hace cinco semanas.
A lo largo del día, los francotiradores militares abatieron al menos a dos disidentes cuando varios cientos se concentraban en la inmediaciones de la zona bajo el control rebelde.
El centro de emergencias, que coordina la asistencia sanitaria, indicó que un manifestante recibió un balazo en la cabeza y que falleció cuando era trasladado al hospital, mientras que la otra persona se trataba de una mujer de unos 30 años. Los soldados tienen la orden de disparar contra cualquier camisa roja que esté a menos de 36 metros de una posición militar.
Desde que el pasado 12 de marzo comenzaron las protestas, al menos 53 personas han muerto y unas 1.600 han resultado heridas en explosiones de granadas, otros artefactos y enfrentamientos entre las tropas y los rebeldes que persiguen la caída del Ejecutivo.
