El pasado martes, en la primera sesión del debate sobre el estado de la nación, Cuca Gamarra pidió un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Blanco, de cuyo asesinato se cumplían 25 años. Todo el hemiciclo en pie, incluidos los representantes de Bildu, respetaron el gesto, aunque al finalizar, una contenida pero firme Meritxell Batet le recordó a la diputada popular que las cosas no se hacen así en el Congreso.
Gamarra no solo inició su intervención con este recuerdo, dedicó sus diez primeros minutos a recordar a ETA, cuya actividad criminal cesó hace once años, y usó la rebelión ciudadana que se puso en marcha tras el crimen de Blanco para hacer un paralelismo con lo que hoy, según la tesis de Gamarra, se está produciendo contra el gobierno de Sánchez. A Miguel Ángel Blanco le habría dado vergüenza esa burda utilización de su brutal asesinato.
De esta manera, el PP no solo rescataba el mantra de la virtual presencia de ETA en la actual vida política a través de Bildu, sino que preparaba el terreno para oponerse a la Ley de Memoria Democrática, cuyo proyecto salió adelante ayer tras un tempestuoso debate. También lo hizo Vox, un día después de que su líder, Santiago Abascal, sacase a pasear el recuerdo del asesinato de Calvo Sotelo en las vísperas de la Guerra Civil.
Resulta muy curioso que quienes son tan reticentes a legislar sobre la memoria de la dictadura y sus crímenes, no dejen de reivindicar, legítimamente, la memoria de otras víctimas. Conviene recordarles lo evidente: que las víctimas de Franco también fueron perseguidas, secuestradas y asesinadas como lo fueron las de la banda terrorista ETA. Con una diferencia fundamental: que aquellos crímenes fueron cometidos por los aparatos de un régimen ilegítimo que acabó con la democracia y gobernó nuestro país durante 40 años.
Al PP le costó mucho tiempo reconocer la ilegitimidad de la dictadura franquista. Vox aún no lo ha hecho. El anterior presidente del PP, Pablo Casado, cargó hace años contra aquellos “carcas” de izquierdas que están siempre con lo de “la tumba de no sé quién”. El actual senador popular Rafael Hernando llegó a decir que los herederos de las víctimas de Franco solo las recordaban por dinero. Mariano Rajoy no dedicó un solo euro en sus últimos años de gobierno a la exhumación de fosas. Es muy difícil caer más bajo.
Hasta del centrista Edmundo Bal hemos escuchado en el debate de la Ley de Memoria que si en la Transición el PSOE y el PCE hubiesen estado dirigidos por sus actuales líderes, Pedro Sánchez y Enrique Santiago, “habría habido otra guerra civil”. Son argumentos zafios construidos para negarse a lo evidente y es que este país tiene aún una deuda pendiente con las víctimas de una dictadura feroz. Y la tardanza en saldarla definitivamente por una democracia que ya dura más que la dictadura es una insoportable vergüenza.
