El fiscal superior de la Comunidad, Manuel Martín Granizo, aseguró ayer que la crisis no se traduce en aumento de la delincuencia y sostuvo que los índices de criminalidad en Castilla y León durante el año 2010 se mantuvieron similares a los de años anteriores. «La crisis no se traduce sistemáticamente en aumento de la criminalidad», alegó. Así lo expuso durante su comparecencia en la Comisión de Presidencia de las Cortes para dar cuenta de la Memoria de la Fiscalía correspondiente al año 2010, donde precisó que la situación económica sí que tiene consecuencias en algunos ámbitos judiciales en los que no interviene el Ministerio Fiscal como en el impago de hipotecas, expedientes de regulación de empleo y despidos.
No obstante, reconoció un caso llamativo que ha acarreado la crisis actual como es el incremento del número de robos de metal -dado el incremento de su precio- como los de cobre. «Son robos que ya no estaban de actualidad y que llevan a la posguerra», resaltó. Martín Granizo valoró, sin embargo, que se llevan a cabo por grupos marginales.
El fiscal superior de Castilla y León arrancó su comparecencia lamentando que se tenga de dar cuenta del trabajo del año 2010 a finales de 2011 y reiteró su deseo de que en los próximos años se pueda hacer durante el primer semestre del siguiente ejercicio, a pesar de reconocer que las fechas están condicionadas a la presentación de la Memoria de la Fiscalía General del Estado que se hace en el mes de septiembre.
Asimismo y en cuanto al documento presentado por la Junta para asumir las competencias en materia de Justicia, calificó como «muy válidas las valoraciones» realizados por el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, «sin entrar en las cifras», precisó.
Y es que, en su opinión, la idea que maneja el Ejecutivo autonómico es «muy válida» porque si se asumen las competencias se tienen que tener las posibilidades económicas para atenderlas. En este sentido, recordó que se trata de un asunto más complejo que el caso de la sanidad o la educación porque en la justicia el servicio se organiza desde fuera de la región, mientras que en los otros casos se transfiere todas las personas y los medios.
En su alocución, precisó que esta comparecencia responde a ese «compromiso democrático para enraizar» el papel de la Fiscalía en el ámbito de la autonomía, que ya se refleja en su participación activa en comisiones y otros foros institucionales. Al tiempo, destacó especialmente la actividad que se desarrolla en materias específicas como en violencia de género, delincuencia económica e informática, medio ambiente y siniestralidad entre otros asuntos.
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, José María González, le agradeció al fiscal Superior de la Comunidad que se hubiera dirigido a la Comisión para «hablar de su libro», aunque lamentó que con el cambio de gobierno en España esta comparecencia se produzca sin saber el «dinero que se va a destinar a este servicio público».
La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Redondo, reiteró la necesidad de que se conozcan los datos con mayor antelación para poder actuar de forma más inmediata en función de las necesidades. Por último, el procurador popular Francisco Javier García reflexionó sobre las consecuencias de la crisis económica en determinados delitos y cómo se puede traducir en la convivencia de parejas más allá de lo deseable por falta de ingresos.
