UGT, con el aval del reciente rechazo del TSJ de Castilla y León al plan sectorial de servicios, prevención de incendios y salvamento elaborado en 2021 por la administración autonómica, ha exigido «la elaboración de una ley integral del fuego» para definir categorías y destinos laborales.
«Que saquen de una vez por todas una ley de bomberos profesionales que es necesaria para regular las figuras de los funcionarios de carrera y de los voluntarios, para evitar vacíos legales» y garantizar una prestación y seguridad adecuadas, ha expuesto este martes Tomás Pérez, secretario regional de Servicios Públicos.
Han transcurrido quince años desde la promulgación de la ley de Protección Ciudadana (2007), la cual obliga a la elaboración de otra sobre el fuego, necesaria «para no degradar las figuras profesionales, ya que el bombero es una esencial en la sociedad y se está degradando», ha proseguido.
De todo ello ha culpado, en buena medida, a Juan Carlos Suárez-Quiñones, desde 2015 consejero responsable de las políticas de medio ambiente en Castilla y León, a quien el representante de la UGT ha pedido que se vaya «a su casa» después de dos años «con más de 50.000 hectáreas quemadas».
Para Martín, no existe la diferenciación entre bombero urbano y forestal, ya que solo existe una categoría (bombero) y a continuación la figura subsidiaria del voluntario, necesaria en algunos puntos de zonas montañosas mientras llegan los profesionales pero mal llamada así «porque cobran por su trabajo».
En cuanto al plan sectorial de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Castilla y León, declarado nulo por el TSJ en sentencia fechada el pasado 29 de junio, la justicia «nos ha dado la razón», ha explicado por su parte José Ignacio García, bomberos y representante de UGT en Zamora.
El plan no contenía memoria económica, en su opinión para evitar el coste financiero de los parques de bomberos en poblaciones superiores a los 20.000 habitantes, a lo que García ha sumado las «carencias tremendas» de los parques comarcales que gestionan las diputaciones provinciales en áreas con menor censo de habitantes.
Ante esta situación, ha denunciado, algunas diputaciones prestan sus servicios con voluntarios, «incluso con mejores medios que los profesionales y retribuciones que son sueldos», lo cual «es ilegal».
«Difícilmente se puede prestar así un servicio equitativo» como exige un plan sectorial que tampoco define turnos ni intervenciones, por lo que es «totalmente operativo como ya dijo en su dictamen el Consejo Consultivo de Castilla y León», ha apostillado por su parte el secretario regional de Servicios Públicos del sindicato.
El plan sectorial «es ilegal pero la Junta anuncia que va a seguir adelante porque no quiere reconocer que se ha equivocado y caído en una política errática como demuestran los quince años de retraso que lleva la ley del fuego: todo un fracaso absoluto en materia de incendios», ha concluido.
