“La situación es mucho más grave de lo que parece”. Con esta sentencia el secretario de CCOO Segovia, Alejandro Blázquez, ilustraba la falta de acuerdo y la poco halagüeña perspectiva que domina las negociaciones colectivas entre sindicatos y patronal. Ayer por la mañana, tanto su organización como UGT se concentraron frente a la FES para forzar nuevos encuentros entre las partes y exigir una regularización de los salarios acorde a las desbocadas subidas del IPC.
Y es que este indicador, que marca el poder adquisitivo de las familias, ha experimentado un aumento del 10,2 por ciento en junio. Blázquez explicó que su intención pasa por acordar una subida análoga en los salarios para que la clase trabajadora “no pierda poder adquisitivo”. Sin embargo, según denunció Miguel Ángel Mateo, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Segovia, los empresarios de la provincia no piensan llegar más que a una subida del “dos y pico” por ciento. Ambas organizaciones coincidieron en calificar como “surrealista” esta propuesta que, además, se aplicaría en base a sueldos que, en muchos casos, apenas superan el salario mínimo interprofesional (SMI).
Los sindicatos confirmaron que, por esta razón, la mayoría de las negociaciones de los convenios colectivos de distintos sectores profesionales se encuentran completamente paradas. Aunque tenían la esperanza de que la situación pudiera desbloquearse entre los meses de julio y agosto, la negociación “va para largo”, tal y como adelantó Blázquez. Quisieron poner el foco sobre el caso de la hostelería, sector cuyos empresarios emitían algunas quejas por la falta de mano de obra.
Mateo recordó que muchos de los profesionales de bares y restaurantes llevan cobrando el sueldo mínimo “teóricamente” desde antes de la pandemia y que, además, muchos siguen en estado de ERTE. Para él, la incapacidad del sector de la hostelería de atraer más candidatos se debe a los “salarios que ofrecen y a las condiciones que tienen”.
Por otro lado, enfatizaron el hecho de que en el sector de las residencias de la tercera edad, las empresas todavía no han cumplido con la subida del salario conforme al IPC, pese a que, el pasado 22 de junio, la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional falló a favor de los sindicatos y sentenció que el sueldo ha de subir un 6,5 por ciento. Para Mateo, está claro que la patronal no sólo no paga porque “no quiere”, sino que esta negativa a cumplir con el mandato judicial es la manera que tiene de “afirmar su poder y de decir que aquí mandamos nosotros”. “Está claro que quieren conflicto y lo van a tener pero bien”, sentenció.
En cuanto a la hoja de ruta que la acción sindical se ha marcado en caso de que el problema no se resuelva pronto, Blázquez adoptó una posición templada mostrando que no habían convocado masivamente a los trabajadores y que, por ahora, apuestan por insistir en las negociaciones. Advierte, eso sí, de que no cejarán en sus demandas. “En función de cómo se desarrolle cada situación, tomaremos las medidas que consideremos necesarias” afirmó, recordando que los sindicatos tienen a su disposición toda una serie de armas como las huelgas o las manifestaciones. “No dudaremos en poner en pie en pared si vemos que las reclamaciones no se responden”. De hecho, ayer al mediodía, el Serla (Servicio Regional de Relaciones Laborales) tuvo que intervenir en el conflicto entre los trabajadores de la ITV y la empresa.
Por otra parte, revelaron que, tras recibir y analizar los datos de creciente siniestralidad laboral, descubrieron que una parte importante de los accidentes se deben a factores psicosociales, que se concretan en infartos o ictus. “Suelen sufrirlos aquellos trabajadores que tienen uno o dos empleos y que lo pasan mal para llegar a fin de mes”, indicó Blázquez. Según explicó, este es un problema cuya solución no admite más dilación: “La Junta debe tomar cartas en el asunto, en vez de dedicarse a quitar técnicos de prevención y visitadores de empresas” afirmó.
