Los registros de los primeros meses de 2022 muestran un crecimiento en el número de siniestros laborales registrados en la provincia de Segovia respecto a los datos de 2021. Tras el parón económico de 2020, la economía ha comenzado una nueva fase de actividad, volviéndose a apreciar un aumento de los accidentes laborales.
Hasta junio, en la provincia se han contabilizado un total de 871 accidentes relacionados con el trabajo, un 3,44% más que en 2021, cuando en los cinco primeros meses se habían sumado 842. De ellos, dos accidentes terminaron provocando la muerte del trabajador. Esta cifra ya supera el dato que engloba todos los de 2021, año en el que se produjo una muerte, ocurrida in itinere.
Esos accidentes con resultado fatal se produjeron en una empresa industrial, en una planta de verduras de Vallelado, y en el sector servicios, ambos ocurridos en los tres primeros meses del año.
El número total de accidentes ha crecido en todos los sectores económicos, destacando el aumento registrado en la construcción, donde el número de siniestros se ha elevado un 11,76% respecto a los datos de 2021.
Como se puede ver, la reactivación económica ha dejado más empleo, sin embargo no ha dejado un aumento de la seguridad. La legislación determina que “un accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena” (art. 115 LGSS), esta definición sigue siendo válida para contar los accidentes de trabajo, pero con la aprobación de la ley 20/2007 los trabajadores autónomos sí tienen derecho a las prestaciones por contingencia profesionales.
El segundo sector donde más aumenta la siniestralidad laboral es el agrario, incrementando sus cifras en los primeros cinco meses del año un 7,23%. A este le sigue los servicios, que elevó sus valores un 2,73% y la industria, que obtuvo un crecimiento muy moderado del 0,48%.
Moderada crecida también en los accidentes laborales in itinere (es decir, el accidente sufrido por el empleado está motivado por el desplazamiento que se origina al ir o al volver del lugar de trabajo), registrándose 64, por 63 del año anterior en el mismo periodo (+1,59%).
La mayor parte de los accidentes registrados en la provincia fueron catalogados como leves. Su número ascendió hasta 861, un 3,24% que en el mismo periodo del año anterior.
De ellos, la mayor parte, casi la mitad del total, se localizan en empresas del sector servicios, 410 (+1,99% respecto a 2021). Sigue la industria, con 206 (único sector que registra una pequeña rebaja del 0,48% respecto a los datos del año pasado), la construcción, con 95 (+14,46%) y el sector agrario, que acumula en estos cinco meses un total de 89 siniestros leves (+7,23%). El resto, un total de 61, se produjeron in itinere.
En cuanto a los graves, la estadística también crece en la provincia, pasando en estos primeros meses de los siete del año anterior a los ocho de este (+14,29%).
De ellos, dos se produjeron en la industria y tres en el sector servicios, sin registrarse ninguno ni en el sector agrario ni en la construcción. El resto, tres, tuvieron lugar in itinere. Para Alejandro Blázquez, secretario Provincial de Segovia de Comisiones Obreras, las muertes ocurridas en el trabajo son “una desgracia inasumible”, ya que “son accidentes que se podrían haber evitado pues sus causas ponen de manifiesto una siniestralidad originada por la ineficacia o la inexistencia de unas condiciones de seguridad adecuadas. En definitiva por una precaria prevención de riesgos laborales”.
Blázquez considera que la formación e información a empresarios y trabajadores para mejorar la prevención de los accidentes laborales es más necesaria, si cabe, que nunca, ante las alarmantes cifras registradas mes a mes. La tarea de Comisiones Obreras ha sido y es, desde hace 25 años, visitar las empresas para conocer de primera mano las medidas preventivas y dar la formación adecuada a las y los trabajadores sobre cuidados básicos en el trabajo.
Por este motivo el secretario Provincial de Segovia de Comisiones Obreras no comprende el interés de algunos de los integrantes del Ejecutivo de Castilla y León en dejar de apoyar unos programas que únicamente redundan en beneficios para la salud y la vida de los trabajadores de Castilla y León y, por extensión, de los empresarios de esta Comunidad.
