La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce también ve con malos ojos el nuevo edificio que se está levantando en San Marcos, una construcción que, según denunciaba hace unas semanas Amigos del Patrimonio, puede alterar tanto las vistas sobre la iglesia románica de San Marcos como sobre el Alcázar, en una zona de gran importancia paisajística.
La Academia ha remitido una carta al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, Javier López-Escobar, en su calidad de presidente de la comisión territorial de Patrimonio, con copia al Ayuntamiento de Segovia, en la que muestra su malestar por esta edificación, a la vez que piden una solución.
San Quirce subraya que, aunque el edificio cumpla, como parece que sucede, con la normativa urbanística vigente, la comisión de Patrimonio debería tener un mayor peso específico y capacidad de resolución en estos asuntos, más allá de comprobar si unos planos se ajustan a la norma, ya que para eso consideran que bastaría simplemente con un funcionario.
Como se recordará, la asociación Amigos del Patrimonio denunció que el futuro inmueble afectará a la vista de la iglesia románica de San Marcos y la perspectiva del Alcázar desde la carretera de Arévalo, modificando las características de una zona de gran interés paisajístico y arquitectónico. Asimismo, la asociación indicó que la admisión de una alegación que presentó al Plan de las Áreas Históricas (PEAHIS) hubiera evitado “lo que ahora es imparable”.
El alcalde, Pedro Arahuetes, aseguró en unas declaraciones públicas que el edificio está amparado por la legalidad y el Ayuntamiento no puede parar las obras. Concretamente señaló que en el año 2000, el Ayuntamiento, bajo gobierno de PP-CDS, aprobó el Plan Especial de San Lorenzo, Valle del Eresma y San Marcos, y que el gobierno municipal del PSOE que encabeza “lo único que nos hemos encontrado ha sido una licencia que tenemos que otorgar con arreglo a un Plan Especial que está aprobado”.
Por su parte IU considera que hay que respetar el Plan Especial, aunque, en su opinión, se incumple la Ley de Patrimonio de Castilla y León, una norma que está por encima del planeamiento urbanístico, por lo que ha trasladado el asunto a la Fiscalía.
