El sindicato UGT ha anunciado que sus servicios jurídicos estudian posibles responsabilidades penales por el incendio de la Sierra de la Culebra, que es el más grave de España con más de 30.000 hectáreas quemadas, por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores y de incendio forestal en su modalidad de comisión imprudente.
Desde UGT Servicios Públicos de Castilla y León han explicado en un comunicado que asimismo van a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía y han exigido el cese «inmediato» del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, «por ser el responsable con su gestión en la Consejería y responsabilizar a los técnicos de todos los errores que él ha cometido», así como de la delegada territorial de la Junta en Zamora y del jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente.
El sindicato ha explicado que el artículo 14 de la Ley 31/1995, LPRL indica que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y que el empresario «debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo».
«El pasado día 15 de junio, en plena ola de calor, sin que el Gobierno de Castilla y León hubiese activado la alerta máxima por peligro de incendios, se inició el mayor incendio forestal de Castilla y León. Se trataba de un incendio para el que claramente la Junta no estaba preparada, demostrando una falta de previsión absoluta, ya que ha calcinado 30.000 hectáreas de la Sierra de la Culebra y el valle del Tera en Zamora», han sostenido desde UGT.
La organización sindical ha denunciado que el Gobierno autonómico «hizo caso omiso a las alertas meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y decidió no adelantar la declaración de riesgo alto de incendios forestales».
Esto supuso, según han denunciado, enfrentar el fuego «con una merma importante de medio humanos y materiales».
En opinión del sindicato, los recursos humanos disponibles para hacer frente al incendio fueron «claramente insuficientes», lo que «puso en riesgo la seguridad y salud de las personas trabajadoras».
De acuerdo a los datos facilitados por UGT, de las catorce carrocetas de la provincia de Zamora, solo estaba disponible una dotación de cada una.
Por su parte y según las mismas fuentes, las autobombas nocturnas empezaron a trabajar el día 16 de junio y de ellas tres empezaron trabajando y dos de vacaciones, mientras que de los dieciocho puestos de vigilancia existentes, seis se encontraban trabajando, tres de ellos con turno de día noche y tres, en turno de día.
A esto el sindicado ha añadido que muchas de las personas que estaban de vacaciones o habían trabajado en otras campañas se presentaron voluntarios y no se les permitió colaborar en el operativo, según han asegurado.
Desde UGT han exigido un operativo durante los doce meses del año, «bien dotado de medios humanos y con toda la estructura necesaria para que puedan realizar bien su trabajo».
