El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Baltasar Garzón, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, se sentará mañana en el banquillo para encarar su primer juicio ante el Tribunal Supremo. Las acusaciones particulares piden que sea inhabilitado hasta un máximo de 17 años por intervenir conversaciones que los implicados en el caso Gürtel mantuvieron en prisión con sus letrados.
Este proceso, en el que la fiscal Pilar Fernández Valcarce no presenta cargos por no ver delito, es el primero que concluye en vista pública de los tres que el magistrado tiene abiertos en el alto tribunal. A finales de este mes tendrá que responder de una presunta prevaricación por investigar el franquismo careciendo de competencias y aún está por decidirse si se le abre juicio oral por unos cobros que habría presuntamente recibido del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.
Las acusaciones las ejercen el abogado Ignacio Peláez (ex fiscal de la Audiencia Nacional y defensor del imputado en Gürtel José Luis Ulibarri), que pide que Garzón sea inhabilitado durante 10 años, y Francisco Correa y Pablo Crespo, que solicitan que dicha inhabilitación sea de 17 años.
La defensa del juez, que ejerce el también ex fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina, intentó hasta el último momento evitar la celebración de una vista que, a su juicio, se desarrollará ante un tribunal que adolece de la imparcialidad necesaria.
El pasado martes, tanto el Supremo como el Constitucional dieron al traste con el último cartucho de que disponía la defensa de Garzón para retrasar el juicio. El primero rechazó a limine apartar del tribunal que juzga este caso al magistrado Luciano Varela (instructor de la causa contra Garzón por la Memoria Histórica), mientras que el Constitucional hizo lo propio con respecto a Manuel Marchena (instructor del asunto de los cobros de los cursos en Nueva York).
Además de Marchena y Varela, la sala que debe juzgar a Garzón por supuestos delitos de prevaricación y contra los derechos constitucionales está integrado por Joaquín Giménez, Andrés Martínez Arrieta, Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Juan Manuel Berdugo.
La celebración del primer juicio contra Garzón, conocido mundialmente por decisiones como la de pedir la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet durante su estancia en el Reino Unido o la de procesar a Bin Laden, ha despertado gran expectación mediática dentro y fuera de España.
Más de un centenar de periodistas procedentes de 40 medios de comunicación nacionales y de otros 30 extranjeros se han acreditado para cubrir el proceso. Por el momento, ha llegado prensa alemana, belga, francesa, holandesa, inglesa, italiana, la radio rumana y cuatro medios suizos. Entre los canales internacionales, además se encuentra la televisión árabe Al Yazira y es previsible que el número aumente hasta mañana.
Desde el otro lado del Atlántico, se han acreditado medios mexicanos y estadounidenses, entre ellos la agencia Associated Press, el diario Wall Street Journal, la cadena CNN y revista Newsweek. Estos dos últimos cubrirán también información para Iberoamérica.
Es previsible que el juicio se extienda a lo largo de tres sesiones, siempre dependiendo del propio desarrollo de las cuestiones previas, los testimonios, la prueba documental y los informes finales. Además, la primera jornada podría consumirse con la exposición de cuestiones previas por parte de la defensa de Baltasar Garzón.
Días más tarde, el juez se deberá enfrentar el 24 de enero al inicio del juicio por un delito de prevaricación por investigar presuntamente sin competencia los crímenes del franquismo, la causa es la que suscitará una mayor cobertura mediática.
