Se le había trasladado la necesidad de que el nuevo ministro conociera en profundidad la situación de la Justicia. Tanto a las asociaciones de jueces y fiscales como al Consejo General del Poder Judicial, les preocupaba que Mariano Rajoy se inclinara por un personaje político en lugar de nombrar a alguien al que no le hicieran falta seis meses para saber qué problemas afectan a la administración, cuáles son las carencias, qué ocurre con los sistemas informáticos, con el personal de los juzgados, por qué se tardan años en fijar fecha para las vistas y los juicios.
Todo indicaba que Ignacio Astarloa -letrado de las Cortes, exsecretario de Estado de Justicia y de Seguridad- iba a ser el titular, aunque también se rumoreó que podría ser Manuel Almenar, miembro del CGPJ; pero, finalmente, unos cambios de última hora llevaron a Ruiz Gallardón al Ministerio de Justicia, a pesar de que inicialmente estaba destinado a Defensa. Hubo decepción, aunque no generalizada: el exalcalde de Madrid, fiscal de carrera, hace décadas que está alejado de la profesión, y no conoce ni siquiera superficialmente cómo se encuentra hoy la situación en España. Llega al Gobierno en un momento, además, en el que se evidencia una profunda desconfianza hacia la Justicia: se considera que está excesivamente politizada, que es muy lenta, y que existen serias interferencias que ponen en peligro la obligada independencia y neutralidad de jueces y fiscales.
Urdangarín se encuentra en una situación éticamente inaceptable, pero muchos dudan de que pueda ser condenado por delitos muy graves; lo máximo que ha podido cometer es un posible blanqueo de dinero. Pero existe la absoluta seguridad de que si no sale mal parado de su encuentro con la Justicia, se acusará a la Casa Real de haber intervenido para que el Duque de Palma no vaya a prisión.
Mientras, José Blanco sigue sin conocer de qué se le acusa exactamente, puesto que no se ha levantado el secreto del sumario del caso Campeón y, por tanto, no tiene más información que la que le llega a través de las filtraciones.
Sin embargo, el exministro está convencido de que saldrá indemne de esta trama y desde hace semanas pidió comparecer voluntariamente ante el Supremo para ofrecer su versión. No ha podido hacerlo hasta ahora -se le ha convocado el próximo jueves- porque, al igual que los casos en los que se ha visto envuelto Garzón -escuchas a los abogados e investigación de los crímenes del franquismo-, el suyo corresponde a la Secretaría de Casos Especiales del Supremo, y, por tanto, había que esperar que finalizaran los dos juicios contra el magistrado.
El primero de ellos, el de las escuchas a los defensores de algunos de los implicados en el caso Gürtel, ya está visto para sentencia. Asimismo, el martes, el juez deberá comparecer nuevamente ante el Supremo para responder de un presunto delito de prevaricación porque en varias ocasiones fue alertado por sus superiores respecto a que no tenía competencias para investigar hechos relacionados con la Ley de la Memoria Histórica.
La idea más generalizada entre magistrados y fiscales es que la resolución por las escuchas podría conocerse una vez iniciado el proceso de la Memoria Histórica, porque si la sentencia fuera anterior, y de condena, existen dudas respecto a que un magistrado inhabilitado pudiera ser juzgado en el Supremo, ya que perdería su condición de aforado. Sin embargo, hay profesionales que afirman que no cambiaría su situación, porque los hechos por los que debe ser juzgado se produjeron cuando era titular en la Audiencia.
Tanto en lo concerniente a Blanco como en lo relativo a Garzón, existe también la certeza de que lo que decidan los tribunales, el Supremo en los dos casos, va a ser interpretado en clave política, lo que provoca una profunda incomodidad en los profesionales que trabajan por la necesaria correcta aplicación de la Justicia.
Respecto al juez, además, algunos de sus compañeros no han dudado en hacer pública su impresión de que va a pagar caro su empeño en investigar una trama que va más allá de un presunto cohecho cometido por el expresidente de la Generalitat de Valencia, porque el polémico magistrado -dicen- investigaba ya una presunta financiación ilegal del PP de esa región que podría tener ramificaciones en otras provincias e, incluso, en la dirección nacional.
La credibilidad en la Justicia es en estos momentos tan endeble que cualquier especulación sobre presiones, maniobras y operaciones políticas cae en terreno abonado. Coincide además ese preocupante y desgraciado descrédito con que el futuro de varios personajes de enorme presencia social se encuentra en estos momentos en manos de los tribunales. Del Duque de Palma se ha llegado a decir firmemente que ha cometido un delito de prevaricación, aunque es imposible, porque no se trata de un funcionario público; de Garzón, que ha amenazado con contar todo lo que sabe sobre negociaciones con terroristas; y de Camps se cuenta que negoció con Rajoy su dimisión a cambio de que los jueces fueran benévolos con él, y su compromiso a no revelar lo que sabía sobre la financiación de su partido.
Esta semana es clave; se toman decisiones importantes en el campo de la Justicia: se conocerá la decisión del Supremo respecto a Garzón, Urdangarín podría hacer alguna declaración en Barcelona sobre sus actividades, José Blanco comparece ante el Supremo voluntariamente para explicar sus relaciones con Dorribo y es posible que se conozcan las conclusiones del jurado que debe pronunciarse sobre los trajes de Camps.
Con toda seguridad, estas determinaciones de los tribunales van a ser puestas en duda, cuestionadas. La política ha impregnado peligrosamente la imagen de la Justicia. No es el problema más grave de la magistratura española, pero preocupa porque afecta a lo más importante: su prestigio.
