El ministro Escrivá lleva tiempo arremetiendo contra los autónomos. Parece decidido a que una parte de la pésima gestión del sistema de pensiones lo paguen 3,3 millones de trabajadores por cuenta propia, que para mayor desgracia aún no han podido recuperarse de la pandemia, de la desidia en el reparto de ayudas, de los precios de la electricidad y de la escandalosa escalada de los costes de los carburantes.
El ministro de la Seguridad Social tiene un problema con las pensiones, que va a agravar si finalmente el ejecutivo decide cumplir la promesa de subirlas con la referencia del IPC, una decisión que tiene más que ver con la propaganda que con una gestión razonable y responsable. Está claro que ha olvidado todos y cada uno de los informes que ha venido realizando antes de llegar al gobierno. Entonces, tenía claro que había que darle un vuelco al sistema ante la fase invertida en que había entrado al alargarse la esperanza de vida y registrarse una tasa tan baja natalidad que nacen ahora menos niños que en los años 40.
Hemos perdido la cuenta de cuántos planes de cambio en las cotizaciones ha presentado ya. Unas veces de tapadillo, otras con el acuerdo de algunas asociaciones y otras directamente sin contar con la mayoritaria. Sus cambios de criterio han desconcertado a los autónomos que aún hoy no saben a qué atenerse. Pero, para el ministro anti-autónomos no parece suficiente subir las cotizaciones en momentos tan delicados como los que estamos viviendo. De hecho, ha filtrado que está dispuesto también a que coticen por las inversiones, los alquileres e incluso rebajarles los gastos deducibles en comida. Ya veremos si en otros también.
El señor Escrivá sabe de sobra porque lo ha estudiado que el sistema de pensiones español hace aguas por todos lados y que tiene un compromiso con la Comisión Europea de darle un vuelco. Estos cambios pasan por abandonar la pésima idea de subir las pensiones con el IPC, crear un factor de sostenibilidad o como quiera llamarlo, aumentar los años de cálculo de la pensión, alargar la vida laboral, beneficiar a los que quieran seguir trabajando aún pudiéndose jubilar e informar con transparencia a los ciudadanos de la situación real del sistema.
Sería bueno que repasara sus informes y se fijara en otros realizados por prestigiosos servicios de estudios como BBVA o Banco de España. Ahí encontrará las respuestas técnicas, no políticas, que reconducirían el colapso en que está inmerso nuestro sistema. Incluso le valdría copiar lo que hace ya años han hecho otros países como Alemania o Suecia, por citar sólo a dos.
