Un tribunal indio condenó ayer a dos años de prisión a ocho directivos de la compañía responsable del escape tóxico de Bhopal, en una sentencia que, tras 26 años de espera, ha indignado a las víctimas de una tragedia que provocó unas 25.000 muertes, según señalaron diversos estudios de organizaciones médicas.
El juez de distrito Mohan P. Tiwari consideró a los acusados -ex directivos de Unión Carbide- culpables de haber «causado muertes por negligencia» y de «homicidio culpable sin grado de asesinato», aunque horas más tarde les concedió la libertad bajo fianza. Entre los condenados está el máximo responsable en aquel momento de la filial india de la compañía, Keshub Mahindra, que tiene ya 85 años, pero no el presidente, el estadounidense Warren Anderson, de 89, quien se encuentra prófugo de la Justicia india.
Los reos tendrán que pagar una multa de unos 1.850 euros, mientras que Unión Carbide deberá afrontar el desembolso de casi 9.000 euros, según la sentencia, que ha sido calificada por las víctimas de «timo» e «injusticia».
«Veredicto: demasiado poco y demasiado tarde. La Oficina Federal de Investigación ha hecho un mal trabajo al poner esos cargos tan débiles sobre los acusados», valoró el activista Satinath Sarangi, del Grupo de Información y Acción de Bhopal.
A las 00,05 del 3 de diciembre de 1984, unas 40 toneladas de metisocianato provenientes de la planta de pesticidas de Unión Carbide en Bhopal llenaron el aire de los barrios cercanos con efectos devastadores. Miles de ciudadanos se echaron aterrados a las calles para huir del gas y alcanzar los hospitales, aunque los centros médicos se vieron pronto sobrepasados y muchas personas agonizaron durante horas en las calles, con sus pulmones llenos de veneno.
Según datos del Tribunal Supremo de la India, unas 3.000 personas perecieron de inmediato, pero, de acuerdo con varias asociaciones médicas, son unas 25.000 las personas que han muerto desde entonces, víctimas de las secuelas del escape o de la posterior polución en la zona.
En los 23 años transcurridos desde el inicio del juicio -tiempo no infrecuente en el colapsado sistema judicial del país centroasiático-, el tribunal ha examinado los testimonios de 178 testigos de la acusación y ocho de la defensa, y ha elaborado un total de 3.008 documentos.
«Ha sido una bofetada para todos y una decisión vergonzosa», aseguró la activista Rashida Bee, de la asociación Chingari. «La gente ha esperado 25 años este veredicto. Solo han sido acusados los indios. Los extranjeros han sido protegidos. Warren (Anderson) está libre y no hay acciones contra él. Llevaremos el asunto al Tribunal Superior», remachó.
Las autoridades habían prohibido las reuniones de más de cuatro personas en un radio de un kilómetro alrededor del juzgado, en previsión de incidentes, después de que portavoces de las víctimas pidieran penas de muerte.
