La Asociación de Turismo Rural y Activo de Segovia (Aturacse) ha expresado su satisfacción por la decisión de la Junta de Castilla y León de prorrogar hasta febrero de 2017 el plazo para que los titulares de los apartamentos turísticos de la región se adapten a lo exigido en la normativa vigente, mediante un decreto puiblicado en el BOCyL el pasado 25 de febrero.
La derogación de la normativa estatal que regulaba los apartamentos turísticos dio lugar a que, desde el 5 de febrero de 2010, no existiera una normativa propia de desarrollo reglamentario donde se incluyeran las características y requisitos puntuales de estos establecimientos, según han informado a Europa Press fuentes de la Junta.
La ampliación del plazo responde a una demanda de los interesados y está motivada porque «son bastantes los requisitos de instalaciones y servicios» que deben de cumplir los apartamentos turísticos y alguno de ellos «precisa obras y necesita contar con las licencias municipales», lo que hace «necesario» contar con más tiempo.
En última instancia, lo que se pretende con esta modificación es contar con alojamientos turísticos «de calidad» que actúen dentro de la legalidad, y así «evitar el intrusismo profesional y la actividad clandestina».
En una nota de prensa, Aturacse asegura que esta prórroga supone «un respiro momentáneo» para el sector, que engloba a unos 450 apartamentos turísticos en toda la región, de loc cuales 120 están en la provincia. Así, asegura que la asociación expresó su postura contraria «desde el primer momento» al decreto de regulación y categorización de los apartamentos turísticos promulgado en febrero del pasado año», al dejar fuera de la actividad turística en la provincia a cerca de un centenar de alojamientos autorizados por la ley 14/2010.
La asociación explica que en estos alojamientos «se han hecho inversiones, hay autónomos dados de alta y compromisos adquiridos de alojamiento que se hubieran quedado fuera de lugar con los consiguientes perjuicios de todo tipo». Además, recuerda que se impulsó una proposición no de ley en las Cortes regionales para modificar este decreto que fue presentada por el grupo Socialista con el apoyo de Podemos e IU, y confían en que la Junta proponga soluciones «que salvaguarden los derechos e intereses de estos alojamientos turísticos».
