Dos agentes de la Policía Nacional se personaron ayer por la tarde en el Asador de Guadalmina de Marbella, cuyo se niega a acatar la orden de cierre de la Junta de Andalucía por haber dejado fumar en el local en contra de la Ley Antitabaco y que sigue funcionando con numerosos clientes.
Los policías llegaron al establecimiento pasadas las 19,00 horas, aunque no pudieron entrar porque el propietario, José Eugenio Arias-Camisón, no se lo permitió al carecer de orden judicial, aunque sí dejó acceder al local a dos inspectores de la Junta.
Una inspectora de la Consejería de Salud había ido al restaurante a las 17,10 horas para comunicar la decisión administrativa, que se basa en el incumplimiento de «todos los requerimientos que le ha hecho la Autoridad Sanitaria».
El asador registró durante toda la jornada una elevada presencia de clientes, sobre todo a la hora del almuerzo, muchos de los cuales permanecieron hasta entrada la tarde en el local y abuchearon a la inspectora que notificó el cierre, al tiempo que aplaudieron a la familia propietaria.
Algunos de los clientes gritaron frases como «No se cierra» o «Dictadores comunistas».
Tras la entrega de la notificación, el propietario del establecimiento, recién llegado de Madrid, donde ha estado esta semana recogiendo firmas en apoyo a su insumisión, expresó a los periodistas su intención de seguir abierto pese a la orden de cierre.
La consejera de Salud, María Jesús Montero, había anunciado por la mañana la entrega de la resolución provisional de cierre del local y había advertido de que en caso de que no se acatara, procederían al «precinto provisional» de las instalaciones. Asimismo, informó de que la medida tiene una vigencia de dos meses, y que, en el caso de que el empresario no deponga su actitud, se le sancionará con 145.000 euros y se elevará el caso a los tribunales, con la consiguiente propuesta de la Consejería de que se siga con el cierre cautelar hasta que haya una resolución judicial.
El dueño, para quien la resolución de la Junta supone una prevaricación, aseguró que defendería su negocio «hasta la muerte»; que morirá «matando» y que si le cierran tendrán que llevarle «esposado». A lo que añadió: «Han conseguido lo que querían, que era que dejara de recolectar firmas por toda España, porque saben que las voy a conseguir».
También aseveró que está en el uso de sus «derechos constitucionales como ciudadano» y que no va a consentir «este atropello por parte de este Gobierno dictatorial, marxista y terrorista».
Destacó, además, que únicamente puede cerrar su negocio la Guardia Civil con una orden judicial y que ha intentado contactar con la alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz (PP), para advertirle de los problemas que puede tener la Policía Local si intenta cerrar el local.
Amenazó que no les dejaría entrar salvo que fuera para pedirle la licencia de apertura «porque están en su derecho» y se la dejará «por decimosexta vez».
Tras un vistazo rápido al expediente que le han entregado, declaró que le daba «risa». El encargado del local firmó la recepción de la notificación, pero consignó un «no conforme» en la misma.
Por otra parte, la patronal hostelera de la provincia de Málaga (FHM) calificó de «castigo ejemplarizante» y desproporcionado el cierre del Asador de Guadalmina de Marbella, cuyo propietario se niega a cumplir la ley antitabaco, decisión que vincula con el «clamor que provocó la situación de este restaurante».
El presidente en funciones de la FHM, Rafael Prado, manifestó que, a nivel personal, le sienta «muy mal» la resolución, porque el sector «no está para perder puestos de trabajo», e insistió en que ya se ha demostrado el daño económico que origina la nueva norma. «Que estas cosas ocurran demuestra la insensatez de la ley», refirió el empresario, quien consideró asimismo «desproporcionada» la propuesta de sanción de 145.000 euros.
