La Junta de Castilla y León aprobó este jueves el decreto que regulará la instalación y uso de plazas de toros portátiles, que permitirá que sean utilizadas para otras actividades festivas y también su funcionamiento con una mera declaración responsable, mientras que las inspecciones públicas posteriores se realizarán cada dos años.
El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, defendió tras el Consejo de Gobierno el paso dado en materia de reducción de trámites administrativos para ayuntamientos y empresarios, a la vez que ha asegurado que se reforzará la seguridad de los espectáculos que puedan albergar, no sólo taurinos.
Actualmente operan en Castilla y León 33 plazas de toros portátiles, que en 2019 -cifras prepandemia- albergaron 365 espectáculos taurinos, de ellos 71 corridas de toros y 294 populares.
Según los datos aportados por la Junta, ese mismo año se celebraron en la Comunidad 2.280 espectáculos taurinos, por lo que las plazas portátiles acogen alrededor del 20% de los festejos.
La norma que hasta ahora regulaba las plazas de toros portátiles era el Decreto 115/2002, de 24 de octubre, que se deroga para modernizar las relaciones entre la Administración que debe controlar la instalación de plazas portátiles y los ayuntamientos y empresarios interesados en el reconocimiento y puesta en funcionamiento de este tipo de infraestructuras.
Esta nueva norma incluye como novedades principales la aplicación del mismo régimen de actividad para espectáculos taurinos y no taurinos, por lo que ahora se facilitará su uso para actuaciones musicales o teatrales.
Además, se sustituye el actual régimen de autorización previa por una declaración responsable formulada de forma telemática, a la que se acompañará el certificado que garantice la seguridad de las instalaciones.
La Junta calcula que esta última modificación supondrá una reducción de costes para los promotores del 80% a la hora de solicitar y gestionar premisos para el funcionamiento de las plazas. Para compensar esa medida, en términos de seguridad, la Junta articula un sistema de inspecciones periódicas cada dos años.
