El Centro Penitenciario de Segovia acogió la pasada semana un taller que explicó a los internos cómo es posible solicitar la cancelación de sus antecedentes penales y de delitos de carácter sexual con el objetivo de facilitar su reinserción social una vez que han cumplido condena, una iniciativa que se extenderá a las prisiones de Valladolid, el próximo 1 de junio, y de Ávila, en fecha aún por determinar.

Para cancelar los antecedentes penales es necesario cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentra la obligatoriedad de que se haya extinguido la responsabilidad penal porque la pena ya se haya cumplido, o bien haya prescrito. A su vez, se deben respetar unos plazos de tiempo, que se cuentan desde la fecha de extinción de la responsabilidad criminal. El actual Código Penal establece seis meses para las penas leves, dos años para las que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes, tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años, cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años, y diez años para las penas graves.

Se puede efectuar la solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, de forma presencial o por correo postal en las oficinas de Correos.

Última etapa del proceso

Según informó el pasado viernes la Subdelegación del Gobierno en Segovia, Lirio Martín, a través de un comunicado, la charla sirve para que los internos conozcan este derecho, reconocido en el artículo 136 del Código Penal, que supone la última etapa de su proceso de reinserción social.

Los participantes pudieron descubrir el sistema ECRIS, por el que los estados de la Unión Europea comparten los antecedentes penales de sus ciudadanos, y la puesta en funcionamiento de la segunda fase del plan de automatización de la cancelación de antecedentes penales. Este proceso de robotización incluye nuevos algoritmos que han conseguido cancelar de forma automática un total de 87.400 condenas que afectaban a 73.500 personas, lo que ha supuesto un importante ahorro de tiempo a la administración, de acuerdo con la Subdelegación del Gobierno.

Esta iniciativa es fruto de la colaboración entre la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y comenzó en septiembre de 2021.

Ya se han impartido talleres informativos de este tipo en todos los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid y, tal y como explicó la Subdelegación del Gobierno, estos fueron acogidos “muy favorablemente” por internos y profesionales.