Un millar de ciudadanos extracomunitarios ha logrado en los primeros cuatro meses del año retornar a sus países con ayuda del Gobierno, lo que perfila una situación similar a la de 2009, un año en el que se duplicaron los inmigrantes forzados a hacer la maleta debido a la crisis económica.
Para hacerse idea del vuelco que se ha producido en menos de un lustro, un dato: en todo 2005 no llegó a 400 el número de extracomunitarios que se acogieron al Programa de Retorno Voluntario, puesto en marcha hace siete años y sin ninguna relación con el plan de retorno para extranjeros en paro, que permite capitalizar en sus países natales el subsidio por desempleo.
Debido a la crisis, que golpea con mayor dureza a la población inmigrante, entre otras razones, porque carece de la red de apoyo familiar que tienen los autóctonos, muchos ecuatorianos se acercan cada día a la asociación Rumiñahui en busca de información para salir del país, con una actual tasa de paro ligeramente superior al 20 por ciento, afirma su portavoz, Raúl Jiménez. Junto a los argentinos y bolivianos, los ciudadanos ecuatorianos encabezan las nacionalidades que, a lo largo del presente año, se han ido de España
En los últimos meses, sostiene, ha habido un «importante aumento de personas que tienen idea de regresar, porque viven una situación de extrema vulnerabilidad: sin trabajo, sin prestación por desempleo, sin ingresos, están casi en la calle».
Buscan cualquier fórmula para retornar, aunque, a veces, «les frena el que ya no pueden volver a España en unos años».
Para beneficiarse de este plan financiado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, el solicitante firma la declaración de voluntariedad de la decisión de retorno, aceptando el compromiso de no volver a España en 3 años, plazo necesario para tener constancia de que la reintegración no ha funcionado. Desafortunadamente, explica el portavoz de Rumiñahui, su asociación no puede atender las alrededor de 70 peticiones que reciben al mes por falta de presupuesto, pero las derivan a la decena de organizaciones que colaboran con el Gobierno en la aplicación del programa.
Una situación parecida se vive en la asociación colombiana América-España, Solidaridad y Cooperación (Aesco), a donde se acerca «muchísima gente» en busca de ayuda, explica una de sus portavoces.
Hay colombianos con sus papeles en regla, pero que viven una situación de grave dificultad económica, porque han perdido su trabajo, o bien ciudadanos en situación administrativa irregular, que tampoco tienen un empleo.
A quienes se acogen a esta ayuda se le tramita la documentación para su regreso, se les proporciona los billetes de viaje y se le da una cantidad de dinero para la manutención durante el viaje y la reintegración en el país de origen.
En los primeros meses de 2010, el Gobierno ofreció ayuda para irse a 224 argentinos, 214 bolivianos, 140 brasileños, 85 ecuatorianos, 66 colombianos, 96 uruguayos, 50 paraguayos y 46 rumanos, entre otros.
La cuantía destinada en 2009 a este programa ascendió a seis millones de euros, frente a los 3,13 millones de 2008.
Por otro lado, los inmigrantes han sido los más perjudicados por la crisis económica y, aunque los meses pasan, el paro aumenta y los ahorros se acaban, siguen mandando dinero a la familia. Más que antes. Por primera vez desde que la economía se hundió y nada volvió a ser lo mismo, los envíos monetarios a los países de origen han remontado.
Anna Terrón, secretaria de Estado de Inmigración, desatacó ayer el aumento del 1,8 por ciento de las remesas a finales de 2009, que rompió la caída que venía registrándose desde hacía 18 meses, y lo atribuyó al «sacrifico que hacen los inmigrantes en sus gastos en favor de su familias».
El 28 por ciento de este colectivo está desempleado, pero hay un 1.800.000 dados de alta en Seguridad Social.
