El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), será titular indirecto de un 45% del capital de Bankia, con lo que «adquirirá su control», tras la decisión del consejo de administración de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de la entidad, de solicitar la entrada de capital público, según informó ayer el Ministerio de Economía.
Así, el Gobierno se hará con el 100% del capital de BFA a través de la conversión en acciones ordinarias de la entidad de los títulos emitidos por importe de 4.465 millones de euros, lo que le llevará a controlar esta participación del 45% en el banco madrileño.
Además, el equipo de Luis de Guindos señaló que el Ejecutivo aportará el capital «que sea necesario para realizar los saneamientos precisos» con el fin de llevar a cabo los planes de reestructuración, viabilidad y mejora de gobierno corporativo que deberá presentar al Banco de España la nueva dirección de Bankia, encabezada por José Ignacio Goirigolzarri.
Éste, tras ser nombrado por unanimidad como presidente ejecutivo, expuso sus planes ante el consejo de administración, que dio su visto bueno a las propuestas.
Todo ello tuvo lugar el mismo día en que se conoció que la auditoría Deloitte cobró 5,8 millones de euros por sus trabajos en las cuentas anuales de la caja madrileña, aunque no los rubricó.
Mientras, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó los resultados anuales de BFA y de Bankia a falta de recibir el informe correspondiente que los refrende, situación que precipitó la decisión de La Moncloa de diseñar un plan de saneamiento de la entidad con dinero público que desencadenó la dimisión de su presidente, Rodrigo Rato.
BFA-Bankia explicó el pasado viernes que sus cuentas anuales están sin auditar ante la complejidad del ejercicio 2011, en que se produjo la transformación de sus siete cajas de ahorros en un banco, así como la segregación de activos a favor de la matriz y la salida a Bolsa de su filial.
El grupo sostuvo que por esta razón Deloitte había requerido mayor tiempo para realizar sus trabajos, y que el estudio estaría disponible con la convocatoria de la junta general de accionistas prevista para esta semana.
Al parecer, los reparos de la firma gala de firmar tras detectar sobrevaloraciones de activos por importe de 3.500 millones de euros provocaron que el Gobierno desalojara a Rato del poder.
El auditor puso de relieve que BFA tenía contabilizada la participación de Bankia en 12.000 millones de euros en su balance, cuando su valor en Bolsa es de 2.000 millones y el contable es de 8.500.
Todos estos números y la monumental crisis institucional en la financiera que más depende del ladrillo, hicieron que los inversores, que recelaban de España a pesar de los duros ajustes de Rajoy, le dieran la espalda de tal manera que el Ibex se desmoronó como un castillo de naipes: un 2,77%, marcando mínimos desde que se originó la crisis en agosto de 2007, al retroceder a niveles de octubre de 2003. Además, la prima de riesgo superó los 457 puntos, situándose en el nivel más alto de los últimos meses. Al menos la palabra rescate no apareció.
Este durísimo golpe al selectivo español comenzó desde primera hora de la mañana, con un rojo intenso. El principal indicador, el Ibex 35, agudizó su desplome al 3,45%, y acabó cediendo la cota de los 6.800 puntos. Los rumores de una eventual nacionalización llevaron a sus títulos a perder un 5,84%. Quizás por eso el Ejecutivo no se terminó de pronunciar al respecto.
Con estos resultados, Bankia ha perdido 648 millones de euros de valor en Bolsa tras la dimisión de su ya expresidente Rodrigo Rato ante el plan de saneamiento que prepara el Gobierno.
Ante esta situación, el exministro de Economía aseguró en una carta que el grupo «no tiene nada que temer porque es una entidad sólida y con recursos». Además, sostuvo que las fuertes turbulencias que desde hace tiempo agitan los mercados obligaron a tomar decisiones exigentes, «a veces ingratas, pero siempre necesarias» para garantizar la fortaleza y viabilidad del banco: «No han sido meses fáciles ni complacientes».
Fusiones.- El Ministerio de Economía y Competitividad obligará a las entidades financieras a acometer fusiones para recibir ayudas públicas a través de bonos convertibles en acciones, los conocidos como cocos, suscritos por el FROB, según explicaron fuentes económicas.
Al parecer, el decreto que prepara el Gobierno para elevar las provisiones y cubrir el riesgo inmobiliario de la banca no extendería la articulación de ayudas públicas a todo el sector bancario a través de cocos, instrumento que se convierte en capital de un determinado umbral de solvencia.
Es decir, si una entidad no es capaz de cubrir por sí sola el saneamiento, tendrá que integrarse con otra también necesitada o con una segunda que ya haya cubierto su riesgo inmobiliario. De mantenerse esta exigencia, el futuro de Bankia pasaría por integrarse con otra entidad, en este caso con su matriz BFA.
Mientras, la UE reclamó ayer al Ejecutivo de Rajoy que complete ya la reestructuración del sector financiero.
