Hace semanas que el caos se apoderó del sector. No solo porque la gasolina y el diésel han alcanzado precios históricos. Después de que el Gobierno aprobara el pasado 1 de abril el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, fueron muchas las estaciones de servicio de la provincia de Segovia las que tuvieron que afrontar durante los primeros días la caída de unos sistemas de cobro que no estaban adaptados para expedir las nuevas facturas. Pero ahora, con esta cuestión ya solucionada, las gasolineras tienen otro problema; hasta recibir el ‘anticipo’ por parte de la Agencia Tributaria, la nueva situación les obliga a adelantar el dinero de las bonificaciones, por lo que han de hacer frente a un sobrecoste medio de 1.000 euros al día –unos 30.000 mensuales-, según estimaciones de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees). Algo inviable para muchos negocios.

Las gasolineras “no tenían previstas” estas bonificaciones, que no son un descuento comercial, sino que se aplican “después de los impuestos”, es decir, deben facturar por el total y, sobre este, aplicarlo. Esto generó un “desajuste” que ya han logrado solventar.

“Es una absoluta salvajada”, critica el propietario de dos estaciones de servicio de Cantalejo, Octavio Sanz, quien, al igual que otros gasolineros de la provincia, se plantea recurrir a préstamos bancarios en las próximas semanas para evitar echar el cierre a su negocio. “Vamos a tener que financiarnos o cerrar, que creo que es la mejor solución”, subraya.

La aprobación del real decreto ha causado la “asfixia” de algunos pequeños y medianos empresarios, que advierten del riesgo de cerrar sus instalaciones al no contar con la suficiente liquidez para poder acometer el descuento en el precio, a pesar del adelanto del Gobierno. “No querríamos tener que acudir a financiación bancaria, pero todo depende de la agilidad de los anticipos, porque es mucho dinero”, sostiene el presidente de la Asociación Segoviana de Estaciones de Servicio, Luis González, al tiempo que reconoce que esta medida ha causado una gran incertidumbre en el sector.

Una medida gravosa

Entre el 1 y el 15 de abril, las estaciones de servicio pudieron solicitar un anticipo a la Agencia Tributaria, que extenderá un importe máximo del 90% del volumen medio mensual de los carburantes vendidos en 2021, un año en el que obtuvieron unas cifras que poco tienen que ver con las del actual ejercicio; el consumo fue “bajo”, como consecuencia de la pandemia y las restricciones de movilidad, en comparación con 2022, cuando está siendo “mucho mayor”. Así, calculan que el anticipo “solo cubre el 60% de todo lo que tenemos que adelantar”, en palabras de Sanz.

En cualquier caso, no podrán recibir más de 2 millones de euros ni menos de 1.000 euros. Es por ello por lo que el sector denuncia que esta ayuda no es “suficiente”, dado que “no cubre todos los gastos” del mes de abril, tal y como explica González.

A pesar de que la mayoría de las más de 70 estaciones de servicio que hay en la provincia han cobrado el anticipo, algunas aún siguen a la espera. No obstante, las que se engloban en el primer grupo afirman haberlo consumido ya.

Un precio al alza

En las últimas semanas, el coste de la gasolina y el diésel dejó de estar en máximos. De media, el precio del combustible en Segovia rondaba ayer los 1,90 euros el litro. Pero la Asociación Segoviana de Estaciones de Servicio descarta que vayan a producirse nuevas bajadas en los próximos días y que, al menos de momento, vuelva a estar por debajo del euro. De hecho, el presidente de la entidad alerta de que su precio “está subiendo”, por lo que invita a la cautela.

Además, González critica que se ha producido “un cambio radical”, ya que las petroleras Repsol, Cepsa y BP –disponen de una cuota conjunta de mercado del 47%, según la Comisión de los Mercados y la Competencia (CNMC)– han añadido un descuento adicional al que ya se aplica de 20 céntimos, lo que les hace “atraer más clientes”, en perjuicio de las pequeñas y medianas empresas. “Las grandes gasolineras quieren forzar el cierre de las pequeñas”, declara Sanz.

El real decreto limita la obligatoriedad de aportar ese complemento a los operadores “con capacidad de refino en España y una cifra anual de negocios superior a 750 millones de euros”. Una condición que solo cumplen esas tres compañías, por lo que tienen que complementar con cinco céntimos por litro la ayuda del Estado para rebajar el coste de los carburantes.

Que lo sufrague la empresa no significa que el descuento que obtenga el consumidor al repostar vaya a ser menor de 20 céntimos por litro. La diferencia es que en las gasolineras de titularidad privada, marca blanca o propiedad de algún grupo de distribución, es el Estado el que sufraga íntegramente esa ayuda.

El decreto establece la subvención y la aportación de las gasolineras hasta el próximo 30 de junio, pero el Gobierno ha abierto la puerta a prorrogar la medida si el precio del petróleo sigue disparado en los próximos meses, una decisión que teme el sector.

De esta forma, los propietarios de las estaciones de servicio de Segovia se muestran pesimistas ante unas medidas que consideran perjudiciales y desean que la ‘normalidad’ se instaure de nuevo, evitando un posible ‘goteo’ de cierre de negocios.