El Gobierno no decidió todavía si prorrogará el Programa de Activación para el Empleo (PAE), dirigido a la reinserción laboral de los parados de larga duración con cargas familiares que agotó todas las prestaciones y subsidios, que contempla una ayuda de 426 euros mensuales para sus beneficiarios y cuya vigencia finaliza este viernes.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social continúa evaluando el programa, si bien todavía no decidió nada sobre su prórroga. A fecha de 31 de marzo, se atendió a 161.583 desempleados de larga duración a través del plan. Además, se beneficiaron de la prestación económica de 426 euros casi 100.000 personas (99.410), según datos de Empleo. Un 16% de los beneficiarios de la prestación han sido insertados en el mercado laboral (15.212), con datos de febrero, y el porcentaje de colocaciones sobre beneficiarios alcanza el 23% de media, superándose el 30% en algunas comunidades autónomas.
El programa incluye como novedad la posibilidad de compatibilizar la prestación con la remuneración recibida al trabajar por cuenta ajena, con el fin de facilitar la inserción de un colectivo con especiales dificultades para insertarse en el mercado de trabajo. Gracias al plan, el 87% de las personas contratadas, acogidas a la compatibilidad, han mantenido su empleo tras finalizar el programa.
El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, valoró la semana pasada el programa, al considerarlo un “éxito colectivo”, tras atender a 150.000 desempleados de larga duración con cargas familiares y registrar 100.000 beneficiarios de la renta que lo acompaña.
Sin embargo, tras la reunión del pasado lunes entre el departamento de Fátima Báñez y los sindicatos, los agentes sociales manifestaron su temor por la posible no renovación del plan, y reivindicaron un cambio en los requisitos para acceder a la ayuda ante el “fracaso” en el número de beneficiarios. En concreto, a pesar de valorar las 100.000 prestaciones reconocidas y los 16.000 empleos creados por el programa, a su juicio el plan ha tenido un resultado “claramente insuficiente”, lo que tiene “graves consecuencias sobre muchos de los colectivos más débiles de la sociedad”.
Los sindicatos apuntan que de las 400.000 personas susceptibles de participar en el programa, escasamente 100.000 se beneficiaron del mismo, a lo que se suma que la combinación de prestaciones económicas y políticas activas de empleo solo permitieron generar 16.000 colocaciones.
Por ello, reclaman al Gobierno una prórroga del plan y recuerdan que existe un parlamento “con plenas capacidades para legislar y convalidar una iniciativa como la que se precisa para revisar el programa y prorrogar su vigencia”. Esta prórroga se podría llevar a cabo en virtud del artículo 21.3 de la Ley del Gobierno tanto como del artículo 86 de la Constitución.
