Cerca de 4.000 agricultores y ganaderos se manifestaron ayer por las calles del centro de Valladolid para pedir «precios justos», ayudas directas «urgentes» y una «distribución equitativa» en la cadena de producción ante «la dramática situación» del sector ganadero, que amenaza incluso con su «continuidad», según todas las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León (COAG, UPA, Asaja y UCCL) y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias (Urcacyl), que acudieron a la protesta.
Si el problema «no se soluciona» con medidas «concretas y urgentes», las opas y las cooperativas de la región, junto con las del resto de las comunidades, organizarán una movilización nacional en Madrid en marzo, según anunciaron sus representantes minutos antes de que arrancara una manifestación multitudinaria.
El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, recalcó que «la alimentación de la sociedad es una cuestión de estado», por lo que tienen que tomar cartas en el asunto «el presidente del Gobierno y el Ministerio, conjuntamente con las comunidades».
A todas las administraciones, Dujo les exigió «medidas económicas» para «paliar de manera urgente» la situación de las 35.000 familias que en Castilla y León viven del sector ganadero, que pasan por «ayudas financieras y fiscales» y por que «se presione a la industria y a la distribución para que paguen al ganadero su precio justo». En ese sentido, precisó que «por pagar un precio digno a los ganaderos» no hay “porqué encarecer el precio al consumidor», basta con que «los márgenes comerciales sean justos para todos».
En términos similares se expresó el coordinador de la UCCL, Jesús Manuel González Palacín, al pedir «medidas concretas y urgentes» ante la «dramática situación» de la ganadería castellana y leonesa, entre las que destacó «precio y contratos que garanticen la rentabilidad de las explotaciones».
En su opinión, dichas reivindicaciones sólo se conseguirán «a través de una presión muy fuerte de las administraciones hacia la agroindustria», que, según declaró, se lleva “mucho dinero público, en Castilla y León más de 400 millones, a cambio de nada». «Ya es hora de que se ligue ese dinero a un compromiso real y concreto en un contrato que garantice rentabilidad», enfatizó.
El secretario regional de UPA, Julio López, declaró que era «un día muy importante para el sector», ya que «se juega prácticamente» su continuidad, y que «sin precios justos», sin «una intervención en la cadena» y «sin contratos con las industrias» no tiene ningún futuro.
El coordinador de COAG Castilla y León, Aurelio Pérez, se refirió a la crisis que atraviesa actualmente el grupo empresarial Nueva Rumasa, que afecta a varias empresas y productores de la región y que no es «el modelo» que quieren para el sector. En ese sentido, abogó por un «modelo fiable, continuo y que se mantenga en el tiempo».
Por su parte, el presidente de Urcacyl, Gabriel Alonso, matizó que aunque las cooperativas no tengan el problema «en casa directamente», la crítica situación del sector ganadero les afecta en la misma medida porque «si el ganadero está mal, la cooperativa ni va a tener márgenes, ni va a poder vender fármacos ni piensos», concluyó.
